La designación de magistrados y consejeros de transparencia, en este momento, suma a la debilidad institucional, falta de confianza y percepción de corrupción que la ciudadanía manifiesta hacia los Poderes del Estado y las Instituciones Públicas, consideraron actores del PRD.
En un posicionamiento público, los legisladores electos del Partido de la Revolución Democrática, luego de la elección de magistrados y comisionados de transparencia consideraron que en un estado constitucional y democrático de derecho, el principio de independencia judicial debe imperar.
Incluso reprobaron la designación de colaboradores inmediatos, familiares o afiliados a su instituto político, como un mecanismo de manipulación para favorecer la designación de personajes afines al poder.
Externaron que la designación de los magistrados debe girar en torno a la función constitucional que debe cumplir, al Tribunal de Justicia Administrativa le corresponde la sustanciación y resolución de los procesos por hechos de corrupción, sería antinatura nombrar a sus integrantes por parentesco, afinidad o subordinación laboral.
A un funcionario no puede urgirle el nombramiento de magistrados, sin un perfil jurídico sólido, sin experiencia en las áreas a juzgar, y sin haber participado en la impartición de justicia, lo más deshonroso sería nombrarlos por su cercanía para proteger y protegerse, anotaron.
En el documento, Minerva Leonor López Calderón, Ysabel Martina Herrera Molina y Víctor Raúl Hernández López enfatizaron que la consolidación de un estado de derecho, y la efectiva impartición de Justicia es una corresponsabilidad.
La transición democrática en México supuso como requisito indispensable la existencia de un Poder Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley, mientras esto no suceda, permeará la idea de la complicidad, por acuerdo, tolerancia o ignorancia, añadieron.
Dijeron que es un deber del mandatario, proponer a las y los mejores perfiles, pero es a obligación de los diputados, analizar, discutir y votar por los mejores evaluados y a los presidentes del Tribunal Administrativo y Superior de Justicia expresar sus necesidades y si es el caso, oponerse a las ternas o designaciones.
Entre los nombramientos destacan: Juan Carlos Díaz Carranza, Berenice Ramírez Jiménez, Alejandro Magno González Antonio, Elizabeth Roxana López Luna y Sofía Altamirano Rueda, como integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO).
El Pleno Legislativo ratificó los nombramientos de Elías Cortés López, por un periodo de siete años, y de Alejandra Georgina Villacaña Abascal y Camelia Gaspar Martínez, ambas por un periodo de cinco años, en las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO).
Avaló la designación de Amado Gómez Gómez, como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Y de paso los legisladores designaron a los integrantes del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
El Parlamento oaxaqueño eligió a Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez y a José Luis Echeverría, como comisionada y comisionado por un periodo de tres años; a Claudia Ivette Soto Pineda y a Josué Solana Salmorán, como comisionada y comisionado por un periodo de cuatro años; asimismo, a María Tanivet Ramos Reyes, como comisionada por un periodo de cinco años.
