Crisis en la frontera sur

En un país en el que la capacidad de asombro e indignación parecen haber desaparecido, la crisis humanitaria en la frontera sur parece más bien un estado de normalidad cuando debería ser considerada un asunto de escándalo internacional.
El ingreso “irregular” de personas que cruzan la frontera sur mexicana ha sido -durante varias décadas ya- un asunto que ha crecido en relevancia dentro de la agenda nacional. El Estado mexicano ha pasado de deportar a diez mil personas “indocumentadas” en un año, a cientos de miles en el mismo lapso durante la primera década de los años dos mil (https://bit.ly/3km1V2w).
La intensificación en el flujo migratorio con destino a Estados Unidos de América implicó cambios drásticos en el posicionamiento de México en materia gobernabilidad, derechos humanos y relaciones internacionales. En la segunda década de este siglo, las autoridades federales determinaron un punto de quiebre. Mediante la llamada Iniciativa Mérida, en 2014, México recibió 3.5 millones de dólares para reforzar sus controles migratorios en la frontera sur, es decir convertirse en un filtro para Estados Unidos mucho antes de si quiera acercarse a la frontera de aquel país (https://bit.ly/3km1V2w). Mucho antes de que llegara Trump, este país ya se comenzaba a erigir como el verdadero muro.
En enero de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que en 2020 hubo una disminución en el número de “personas en presunta situación irregular” presentadas ante el organismo en comparación al año inmediato anterior (https://bit.ly/3lzYsMT), lo que parecía insinuar una tendencia a la baja del movimiento migratorio en la zona. Sin embargo, en días recientes, empujadas por diversos hechos que han exacerbado condiciones límite para miles de personas en Sudamérica y Centroamérica, las caravanas migrantes volvieron a organizarse con la esperanza de cruzar el territorio nacional.
A pesar que el magnate naranja ya ha abandonado la Casablanca, parece que los compromisos internacionales y económicos del gobierno federal aún sostienen el muro de Estados Unidos en nuestra frontera sur (https://bit.ly/3lynmNa).
Heredando estrategias de las administraciones predecesoras, como el uso del problemático del término rescate y los operativos masivos de detención migratoria en espacios públicos y privados (https://bit.ly/3hJxBwY; https://bit.ly/3hKpFeO; https://bit.ly/3zfnmX6) -aunque ahora con la novedad del uso de la mano dura de la Guardia Nacional, militarizada de facto, pero civil solo en el papel- esta administración ha llevado a un nuevo nivel los métodos de captura y deportación de personas en tránsito que no agotaron el procedimiento administrativo para ingresar a México, cometiendo fragantes violaciones de derechos humanos que hasta merecieron un posicionamiento de tres distintas agencias de las Naciones Unidas (https://bit.ly/3kia2wU).
En búsqueda de justificar las vergonzantes tácticas del INM, el titular del ejecutivo aseveró recientemente que los despliegues desmedidos buscan salvaguardar a las personas en tránsito: “Tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país que atraviesen todo el país sin ninguna protección es muy riesgoso” (https://bit.ly/3tQNOFd). ¿Violar derechos humanos para protegerlos? Falso dilema. Si verdaderamente se buscara dicha defensa, se resguardaría el paso de las caravanas a través del territorio nacional o se desarticularían las condiciones que hacen posible la operación del crimen organizado en nuestro país, ambas en manos de la competencia del Estado. Pero ni una, ni otra.
Es cierto que la solución a la causa raíz del flujo migratorio proveniente de Centro y Sudamérica está fuera del alcance de México; no obstante, dentro de su responsabilidad y alcance sí se encuentra la modulación del uso de la fuerza que ejercita y la calidad del trato que dispone para personas que arriesgan su vida con el único fin de sobrevivir a contextos de extrema violencia y marginación. Como habitantes de este territorio resulta devastador observar cómo los recursos públicos son empleados para violentar la dignidad de miles de personas que solo buscan subsistir. Urge corregir la plana.
@GalateaSwanson