Aborto, SCJN y mujeres

El pasado siete de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente histórico en materia de derechos sexuales y reproductivos, a través de un fallo unánime que despenaliza el aborto y privilegia la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y el momento en que desean convertirse en madres, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, elementos transformadores de las estructuras patriarcales y el andamiaje jurídico mexicano. Ninguna mujer más debe pisar la cárcel por su decisión libre de interrumpir su embarazo.
Ciudad de México fue la primera entidad federativa en nuestro país en establecer la interrupción legal del embarazo en 2007; después siguió Oaxaca en 2019, y posteriormente Hidalgo y Veracruz. Si bien es cierto que el fallo de la SCJN aplica directamente en el contexto específico de Coahuila donde el aborto era penado con cárcel de uno a tres años (y no legaliza el aborto en las entidades restantes que contemplan el aborto solo en situaciones específicas, como los riesgos contra la madre, malformaciones del feto y violación), también es cierto que éste es un precedente vinculante para los poderes judiciales locales, y facilita a la sociedad civil, sobre todo las colectivas feministas, que la presión que ya ejercen para reformar las normativas en la materia se alcance más rápido.
Ahora bien, desde luego hay que dimensionar y problematizar adecuadamente el tema. Como lo dijo la ministra Yasmín Esquivel: “Pensar que penalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una solución, atenta contra el principio de mínima intervención penal”. Evitar muertes y lesiones por abortos insalubres o mal practicados por supuesto es ya un avance. Evitar que mujeres, en su mayoría pobres, estén encarceladas por abortar es otro gran paso. Pero no es suficiente. Hay que avanzar fuerte en materia de educación sexual, de mujeres y hombres, afianzar la responsabilidad social y jurídica de los hombres, sobre los hijos que procrean, deseados o no, dado que México tiene una de las tasas más altas de no pago de pensiones alimenticias por parte de varones, y de familias jefaturadas por mujeres, sin que ello haya sido su elección, sino efecto de que las parejas con quienes procrearon abandonaron su corresponsabilidad.
Si queremos llegar a ser una sociedad donde no sea prácticamente necesario recurrir al aborto, debemos continuar trabajando en una educación integral en sexualidad, en romper mandatos heteropatriarcales machistas, ofrecer el libre acceso a anticonceptivos para mujeres, pero también desarrollar opciones para los hombres, y muy importante, para que cuando sea requerido, los Servicios de Salud brinden las opciones no quirúrgicas, y menos invasivas, y cuando tengan que ser quirúrgicos -un número muy reducido de casos si se hace a tiempo- sean también en condiciones seguras, dignas y gratuitas.
El ministro Zaldívar dijo al cierre de la sesión: “se abre una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto” para las mexicanas y para quienes piensan que la maternidad es un mandato social impuesto.
La decisión de la Corte resulta vital en un país que lastimosamente ocupa el primer lugar de la OCDE en embarazo infantil y adolescente, lo que cada año genera en estos grupos poblacionales efectos nocivos en su salud, desarrollo humano, oportunidades de acceder a un ingreso digno, así como a derechos cada vez más valorados como al descanso, al autocuidado y la recreación. En este sentido, la interrupción legal del embarazo se puede convertir en un elemento para desarraigar ciclos de violencia, pobreza y desigualdad.
Más allá de las diversas posturas en torno a este tema, donde no hay consenso social, es importante destacar que los avances normativos que se están dando paso a paso son conquistas feministas de décadas.
Muchas mexicanas pintamos de verde este histórico septiembre de 2021, también por motivos de autonomía e independencia, pero esta vez la de nuestros cuerpos y la del ejercicio de nuestra sexualidad. Mientras tanto, sigamos trabajando por una sociedad más responsable e informada; por un orden social donde no haya mandatos patriarcales de género impuestos, una sociedad libre, responsable y mucho más feliz.