Hoy se cumplen cuatro años de aquel brutal sismo de 8.1 grados, que devastó la región del Istmo de Tehuantepec. Miles de casas fueron destruidas por el siniestro, escuelas y edificios públicos, sin que hasta este momento se haya dado una reconstrucción total de los daños. Todos recordamos el desfile de funcionarios federales del régimen de Enrique Peña Nieto, a quienes se atribuyó la responsabilidad de verificar la ayuda de la Federación y la canalización de los apoyos. Una de ellas fue la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, hoy bajo proceso en un penal de la Ciudad de México, señalada de participar en el fraude gigantesco al erario público, denominado “La Estafa Maestra”. Pero no fue la única que estuvo en territorio oaxaqueño.
Pese a que la estructura federal estuvo de inmediato en la zona siniestrada, poco se pudo hacer para enmendar los daños. Es más, hasta las tarjetas que repartió el gobierno federal para atender con prontitud a los damnificados, fueron eje de fraude. El gabinete de Alejandro Murat se desplazó casi en su totalidad en auxilio de los afectados de la región del Istmo. Poco se supo qué hacían funcionarios mayores y menores que iban y venían. Se habla de que algunos aprovecharon la tragedia para hacer negocios. Se sabe también de operadores y contratistas de vivienda que, como buitres aprovecharon la desgracia para lucrar y hacer más pobres a los pobres. Los que habían perdido sólo una parte de su patrimonio, lo acabaron de perder con los siguientes movimientos de tierra, en especial, los del 19 y 23 de septiembre, además, claro, de las afectaciones a carreteras, puentes y demás infraestructura.
Hace unos días, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el estado de Chiapas, el gobernador Alejandro Murat hizo una revisión sobre los avances de la reconstrucción, dejando en claro que hay aún pendientes. Uno de los rubros en los que hay mayores reclamos es en las escuelas públicas que no han vuelto a la normalidad. Tal parece que dicho capítulo se ha dejado al arbitrio del tiempo o las circunstancias. De las centenas de edificios escolares que fueron afectados por los siniestros, hay muchos que no han podido ser rehabilitados. Uno de los argumentos es que el apoyo de la Federación no ha fluido. Sin embargo, se sabe que recursos los ha habido.
Lección no aprendida
Oaxaca vive en una zona de alta sismicidad. Eso lo sabemos, porque al revisar la historia de nuestra entidad, hemos encontrado que a lo largo de siglos nuestros ancestros estuvieron fustigados por movimientos de tierra que dejaron a su paso una estela de desolación y muerte. Los cronistas e historiadores de antaño y contemporáneos, han dejado testimonios de dichas tragedias naturales; siniestros y desastres que afectaron tanto la vida como el patrimonio de los oaxaqueños. Cuando el sismo del 19 de septiembre de 1985 devastó la Ciudad de México y otras entidades cercanas, volvieron aparecer en las crónicas periodísticas los movimientos de tierra de 1928 y del 14 de enero de 1931, que fueron para nuestro estado, de los más letales de que se tenga memoria. Pero no fueron los únicos que en las primeras décadas del Siglo XX dejaron a nuestra capital y los Valles Centrales hechos ruinas. Al menos del de 1931 hubo incluso testimonio documental, hecho por el cineasta ruso Sergei Enseinstein.
Sin embargo, a lo que vamos es a lo siguiente. Cada que ocurre un siniestro como a los que nos referimos, de inmediato las autoridades ponen en marcha programas de prevención. Se llevan a cabo simulacros, que son como llamadas a misa. Van quienes pueden o quieren. No se estipula en algún artículo de la Constitución local o código civil o penal, hacerlos obligatorios. No se les da la suficiente y máxima publicidad. Simplemente se deja al arbitrio de dependencias públicas o empresas privadas, que sus funcionarios, empleados o clientes, participen. En los últimos simulacros, o no se escucha la alerta sísmica, por falta de mantenimiento o, simplemente, la escasa participación sólo provoca escarnio público en redes sociales y hasta la hilatidad de los incrédulos y apáticos.
Dos temas se han puesto en evidencia en los últimos años. Uno, es el que se refiere a la inactividad o inexistencia de los comités de protección civil municipales, que se formaron luego de los sismos de junio y septiembre de 1999. Otro, es la falta de las tareas de supervisión tanto de la Comisión Estatal de Protección Civil (CEPCO), como de los mismos comités en sus respectivas jurisdicciones, de escuelas, mercados, iglesias, centros sociales, bares, antros, etc., de las medidas de prevención como las rutas de evacuación, la existencia de comisiones de protección o la existencia de equipo contra incendios.
