Ante los dimes y diretes surgidos en torno a la revocación de mandato, el jurista Diego Valadés hace una buena narrativa del tema.
Todavía no es legal la revocación de mandato fijada para el año próximo, según afirma el jurista con amplio conocimiento de la Constitución.
Con una extensa carrera en el ámbito judicial, Diego Valadés, recuerda en un artículo publicado que la ley reglamentaria debió adoptarse, a más tardar, desde marzo del año pasado.
No fue sino hasta hace unas cuantas semanas que el Senado de la República decidió entrar a la discusión de esa ley reglamentaria que tampoco pudo llevarse a cabo, ya que no hubo acuerdo para aprobar un período extraordinario en el que fuese debatida.
Con todo y ello, los coordinadores legislativos de MORENA consideran que el inicio del arranque de la nueva legislatura es una buena etapa para entrarle a la discusión del tema y en su caso aprobación de la ley reglamentaria de la revocación de mando.
Sin embargo, el jurista Valadés establece que para que el INE convoque a la revocación se requiere que al menos 2.8 millones de ciudadanos pidan en forma expresa la destitución del Presidente de la República.
Y para que eso suceda, los ciudadanos deberán establecer que el presidente incurrió en acciones u omisiones que ameritan su relevo.
De acuerdo con esta afirmación de quien fuera Procurador General de la República y del Distrito Federal, además de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las personas que firmen dicha petición deben precisar su deseo de que el presidente sea removido de su cargo.
Y es que, según Valadés, el eje de la revocación se encuentra consignado en el artículo 35 constitución, en el que se precisa que la revocación será convocada por el INE, a petición de los y las ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente al tres por ciento de los registrados en la lista nominal de electores.
Es decir, que los únicos que podrán emitir su solicitud serán aquellos que se encuentren registrados y no todos los ciudadanos sino cubren con ese requisito.
Con ello se tendrán que aportar las razones por las que se pide la revocación y que el Presidente deje el cargo.
Mediante esta expresión ciudadana, el INE hará la pregunta que se requiere para ello, mediante las que prevea la ley.
Explicito el jurista señala que la Constitución dispone que el INE emita los formatos para recopilar los casi tres millones de firmas necesarias.
Diego Valadés clarifica que la revocación no es un voto de confianza y que el Senado de la República enmendó el contrasentido que había aprobado la Cámara de Diputados aprobando un modelo equiparable a la confianza y daba al presidente la facultad de pedir que se convocara al procedimiento para su revocación.
El jurista explica lo absurdo que sería que los partidarios del presidente propusieran destituirlo y sorprendería que lo hiciera la oposición a sabiendas de que, en el caso de tener éxito, la designación del nuevo jefe de Estado y de Gobierno recaería en la mayoría parlamentaria del Presidente destituido.
Por eso, añade, tal como está construida, la revocación es contraria a la democracia. El Presidente sería removido si votaran en ese sentido al menos 22 millones de ciudadanos y el nuevo Presidente sería nombrado por el voto de 315 diputados legisladores. De esa forma, la hipótesis de un Presidente removido por el pueblo sería democrática, si ese mismo pueblo eligiera el nuevo Presidente. Por lo tanto, asegura Diego Valadés, no es democrática una remoción popular y una designación cupular.
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Cuántos de los que ahora se llaman perseguidos políticos tienen cuentas pendientes con la justicia y cuántos de ellos no son responsables de los actos que le achacan. Se podrán deslindar unos y otros de las acusaciones, pero la realidad los acorrala. Mauricio Toledo está en Chile, Ricardo Anaya anuncia que se irá a vivir a Estados Unidos, Miguel Alemán Magnani se encuentra, supuestamente, en Francia, en Israel están Tomás Zerón y Andrés Roemer y así varios mexicanos se han refugiado en el extranjero, por lo que se ha solicitado, en varios casos, a la Interpol la emisión de la ficha roja, para su búsqueda.
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