La maniobra inédita de recortar el presupuesto autorizado al gobierno de Oaxaca, para el ejercicio 2021, por el orden de los 1 mil 500 millones de pesos, augura una situación difícil y compleja no sólo para la ejecución de obras programadas, gasto corriente y proyectos, sino también su impacto en las participaciones municipales en nuestra amplia nomenclatura de 570 ayuntamientos. El gobierno de Alejandro Murat pues, deberá estar empeñado en hacer economías y ahorros significativos, que permitan no sólo llevar a cabo lo que ha ofrecido, sino también, llevar el resto de su administración por los caminos de la transparencia financiera y racionalidad en el gasto público. Sin duda alguna, ello podría afectar asimismo, algunos programas sociales de apoyo a diversos sectores sociales que han emprendido algunas dependencias estatales.
Sin embargo, en congruencia con una polìtica de austeridad, también debe implicar al Congreso del Estado que, como lo hemos plasmado en nuestras páginas, sigue lucrando con la discrecionalidad que le da solicitar cada vez que se les ocurra a nuestros (as) legisladores (as), ampliaciones presupuestales. Como hemos visto a lo largo de esta gestión legislativa, haberse autorizado en menos de tres años de gestión un presupuesto mayor a los dos mil millones de pesos, representa uno de los abusos más ominosos de que se tenga memoria. Es necesario pues, cerrarle la llave presupuestal a quienes hoy forman parte de la legislatura más onerosa, improductiva y voraz de la historia política oaxaqueña. Es urgente suspenderle ya el aberrante “pago por evento”, la asignación de obras y el otorgamiento de recursos, presuntamente etiquetados para sus distritos, pero que en la realidad van a dar al bolsillo de nuestros representantes populares.
Si la idea es hacer economías y ahorros que puedan ser canalizados a obras y programas prioritarios de la actual administración; si se habrán de sacrificar a nuestros municipios con un recorte relevante en sus participaciones, con el impacto negativo en la pobreza que lacera a una parte importante de la población, nobleza obliga actuar sin remilgos para adelgazar la nómina de dependencias obesas, restringir los sobornos a las organizaciones sociales y aplicar las medidas de austeridad en el Poder Legislativo, por los argumentos que antes hemos expuesto. Nuestra realidad presupuestaria y financiera es cada vez más compleja y hay que apretarse el cinturón.
Los eternos opositores
Como ya es clásico en nuestra convivencia oaxaqueña, la modernización, rehabilitación o construcción de vialidades u otras obras, siempre desata movimientos en contra; impugnaciones y hasta amparos. Hace al menos 30 años, la protesta de grupos ambientalistas y personajes, hizo abortar la construcción del llamado Libramiento Norte. La obra quedó a medias. Con el paso del tiempo, lo que se quería proteger, la reserva ecológica de San Felipe del Agua, yace hoy invadida de predios y construcciones. En la administración del ex gobernador Ulises Ruiz, la construcción de los cuatro carriles en el Cerro de El Fortín y el adoquinado del Centro Histórico, particularmente del zócalo, enfrentaron una gran oposición. Uno de los ejes de la protesta era la defensa de los frondosos laureles de la India, algunos de los cuales, en los últimos años, se han venido a tierra por la falta de atención de los gobiernos locales.
Durante el gobierno de Gabino Cué se pretendió construir el Centro Cultural y de Convenciones en inmediaciones del citado Cerro de El Fortín. Organizaciones que dicen proteger el entorno natural y urbano, lo torpedearon a placer. Se convirtió en un escándalo mediático, de quejas, oposición e inconformidad. Un proyecto que había resultado costoso para el erario, tuvo que replantearse. Fue el actual gobierno quien concluyó dicha obra, en terrenos de Santa Lucía del Camino. Una de las prioridades de esta administración es la obra del llamado Proyecto Integral de Ampliación y Modernización en la Avenida Símbolos Patrios, que contempla mejoras en diversos aspectos. Se ha destinado para el mismo una cuantiosa inversión. Pues bien. Dicha obra no sólo ha sido ya escenario de la disputa de los sindicatos que mangonean el transporte de materiales pétreos en Oaxaca, sino también de organizaciones y hasta diputadas que se asumen ambientalistas.
Es cierto, la citada obra contempla el sacrificio de centenas de árboles. No los 1 mil 600 que se han argumentado. De los que en realidad existen, muchos de ellos llenos de plaga o afectados, serán retirados poco más de quinientos. El resto será integrado o trasplantado, según ha reconocido la dependencia ejecutora. Hay, así lo creemos, el compromiso tácito de reforestar. Lo que llama la atención no es la genuina lucha de dichos grupos, por la pérdida de estas especies que todos lamentamos, sino su silencio en torno a otros escenarios.
