Desde hace al menos una década, los Servicios de Salud en el estado (SSO), entraron en una fase crítica, desde el punto de vista laboral y financiero. El boquete hecho a la administración estatal, pese a los buenos oficios del gobierno de Alejandro Murat, sigue lacerando duramente al erario. Y fue la contratación de miles de trabajadores eventuales, sin las condiciones ni el techo financiero respectivo. Según lo dio a conocer el pasado domingo 15 de agosto, el titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Vicente Mendoza Téllezgirón, el mayor adeudo de los casi 29 mil millones que recibió esta administración en 2016 era, justamente, de los SSO. Sin embargo, por las presiones de sindicatos y organizaciones vinculadas al sector sanitario y, particularmente por la política de no afectar a los trabajadores, se ha ido sobrellevando. Pero es evidente que el gobierno estatal no puede más y ha decidido despedir al menos cinco mil trabajadores eventuales.
Tal vez como consecuencia de ese hoyo en sus finanzas, los SSO han dejado de cumplir con los compromisos laborales con los gremios que están a su servicio. De esta manera, en plena pandemia de Covid-19, hay carencia de insumos, medicamentos y equipo médico. Desde el inicio de la contingencia, los reclamos han sido constantes, pero han sido desoídos por las autoridades. El pasado martes se llevaron a cabo movilizaciones, traducidas en bloqueos intermitentes y sin obstaculizar al tránsito en cruceros y avenidas, por parte de la Sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que dirige Mario Félix Pacheco y algunas sub-secciones, como la que corresponde al Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”. Y es que parte importante de los recursos que se presume deben ser canalizados para la atención de la salud de los oaxaqueños, es asignado al pago de una nómina burocrática que no se justifica.
Sin duda la medida de echar a la calle al menos cinco mil trabajadores eventuales no es poca cosa. Implica dejar sin el gasto cotidiano a un número similar de familias. El asunto se complicó aún más para este segmento numeroso, cuando entró en operación el llamado Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (INSABI) que, hasta este momento, no ha operado con los elementos y presupuesto con el que operó el desaparecido Seguro Popular. Todo ello se ha reflejado con crudeza en la crisis sanitaria que hemos vivido desde hace 18 meses y que ha devastado al país y al estado, con tanto dolor y muerte.
Reclamo justo, pero…
La obra que se lleva a cabo en la avenida “Símbolos Patrios”, es de gran relevancia para la administración de Alejandro Murat. Y hay una razón de lógica elemental. Una vía carretera que nos lleve a Puerto Escondido, en poco más de dos horas, como es la que se construye desde hace años de Barranca Larga-Ventanilla, requiere por añadidura, de una entrada y salida de la capital, con las características de una carretera moderna, amplia, con especificaciones arquitectónicas acorde a su envergadura, etc. Es evidente que ello también implica sacrificios. En este caso, el derribo de centenas de especies que fueron sembradas en el trayecto de algunos kilómetros, que es, justamente, el reclamo y la bandera de lucha de algunos grupos ambientalistas, que no de actores políticos, como la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Aurora López Acevedo, que obedecen a otros intereses no precisamente vinculados a la defensa del entorno ecológico.
La disyuntiva es, pues, detener una obra de relevancia por su impacto en la movilidad, en la coyuntura de una vía carretera largamente esperada por los oaxaqueños o buscar alternativas viables para reforestar o reponer las especies dañadas y las afectaciones al medio ambiente. El buen juicio revela que debe ser la segunda. La semana pasada algunos grupos que afirman estar a favor de la protección de la flora y la fauna bloquearon las obras en la citada avenida. Es importante ponderar que su lucha es legítima, pero en tanto no propongan mecanismos alternos de solución, bien puede considerarse como una lucha cerrada y facciosa. Es importante que estén despojada de ideología o perfil partidista, para que su legitimidad no se ponga en tela de juicio.
Tampoco se trata de la defensa a ultranza de las especies que serán afectadas, sino en qué medida dichos grupos pueden participar en las tareas de reforestación y en darle vida de nueva cuenta. Esto es: por el bien de Oaxaca, de nuestro entorno natural, pero también de la urgencia de contar con vías modernas de comunicación y dejar atrás el rezago, el atraso y la marginación, gobierno y sociedad civil tienen que buscar las alternativas mejores. No se trata sólo de cuestionar, obstaculizar, generar opinión en contra sino, insistimos, buscar de manera coordinada, la mejor opción para el desarrollo de la entidad.
