En al menos dos meses, terminará sus funciones la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, que ha sido calificada como la peor, en la historia política contemporánea. El Instituto Mexicano de la Competitividad -el IMCO- la ha ubicado como una de las más onerosas e improductivas del país. Se trata de un órgano compuesto por 42 legisladores y legisladoras, que lo hacen, junto con los congresos de Nuevo León y el Estado de México, uno de los más numerosos de México. La pregunta que algunos ciudadanos nos hacemos es: ¿en realidad para qué sirven tantos representantes populares, que durante su ejercicio han costado al erario más de 2 mil millones de pesos y ni han aprobado reformas trascendentales o creado leyes que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños? ¿Por qué un Congreso tan numeroso? Por ejemplo, Jalisco tienen 38 diputados; Chihuahua, 33 y Coahuila 25, en cambio un estado con elevados índices de pobreza, como Oaxaca, tiene 42.
Un análisis de nuestra representación popular, de la cual, al menos 19 repetirán en la siguiente legislatura, muestra que sólo representan los intereses de ciertos partidos, mafias y cofradías políticas. Son -con sus contadas excepciones- una especie de clase ociosa. En esta legislatura han prevalecido las ocurrencias, el protagonismo, el tráfico de influencias, la conversión de legisladores en constructores y los decretos fallidos. Ahí están la Ley Anti-chatarra y la de Residuos Sólidos. De la famosa austeridad republicana nadie se acuerda. Fue bandera de algunas diputadas de Morena al inicio de su gestión, pero al ver las bondades del dinero fácil, hoy simplemente fingen amnesia. En redes sociales han circulado fotografías de algunos vehículos estacionados frente al edificio de San Raymundo Jalpan. Diputados ricos y pueblo pobre. La paradoja de la Cuarta Transformación.
Tal vez por ello han estado tan empeñados en desaparecer el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Ciudadano contra la Corrupción. Califican y validan a quienes desempeñan los cargos, mientras que prevalezca para ellos la opacidad y la nula rendición de cuentas. Se desgarran las vestiduras, pero hay quienes protegen a ediles omisos y corruptos. Es una desgracia, pero si como dice el dicho de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, también los representantes populares, son los que elije el voto mayoritario, aunque sean los peores.
Una estampa inédita
Este período vacacional de verano ha mostrado ante visitantes y locales, el peor rostro de nuestra capital. Comerciantes en la vía pública, jugando con la Policía Municipal, al gato y al ratón. Un Centro Histórico convertido en zahúrda. Basura, desorden, inseguridad. La ciudad y sus colonias convertidas en rehén de bandas de delincuentes y cholos que, en los últimos días, han mostrado la cruda realidad de que, en Oaxaca de Juárez, como en la novela de don Edmundo Valadés, “la muerte tiene permiso”. La pregunta es: ¿cómo hemos llegado a esos niveles de decadencia y abandono? El tema del comercio en la vía pública, en efecto, no es algo nuevo. Se ha venido arrastrando desde hace al menos cuatro o cinco administraciones municipales. Sin embargo, en ésta rebasó cualquier expectativa. Los puestos se han multiplicado. La ilegalidad permea y la impunidad también. Hoy mismo, han ahorcado los mercados centrales. Obvio: hay algunas manos y demasiados intereses.
En el rubro de la basura, nadie se explica el porqué de la firma de un contrato millonario al inicio de la gestión municipal, para la renta de camiones recolectores, si existía la premisa de las miserias del erario. Problemas con el pago de la renta o de abastecimiento de gasolina advierten una mala administración. No se puede gobernar una ciudad tan compleja y con tantos problemas como Oaxaca, con el argumento de que no hay recursos. La inseguridad es un tema grave que parece haber sido soslayado. El asesinato en plena vía pública de un joven médico, el pasado primero de agosto, en jurisdicción de la agencia municipal de Pueblo Nuevo, refleja, entre otros muchos casos, el grado de criminalidad que prevalece en el casco urbano, agencias y colonias. Asaltos a transeúntes, robos a casas habitación, bandas delictivas convertidas en azotes ciudadanos, exhibidas en redes sociales, advierten que alguien no ha hecho su trabajo ni cumplido con su responsabilidad.
Estamos a poco más de cuatro meses de que concluya el actual gobierno local. Hay aún temas pendientes. Ojalá que el bono democrático con el que llegó no sea echado a la basura y se tomen las medidas prudentes para un cierre digno y decoroso. La ciudadanía espera resultados no disculpas. Aunque aquí no se ha dado el caso, ya no vale echarle la culpa al de atrás. Quien gobierna, así sea el espacio político y geográfico más modesto, debe responder a su tiempo y su circunstancia.
