Lo único que hizo el gobierno de Oaxaca de Juárez con el comercio que desde hace mucho invadió el zócalo de la capital, fue orillarlo a encapsular prácticamente a los mercados “20 de noviembre” y “Juárez Maza”, en cuyas inmediaciones se han asentado los ambulantes, de tal suerte que aquellas personas que acuden a realizar sus compras, tienen que pasar un suplicio para poder transitar. El asunto del comercio en la vía pública pues, sigue latente sin que tenga visos de resolverse de manera definitiva. Puede decirse que la alternativa de solución que implicó el desalojo y la vigilancia de la Policía Municipal para que no entren al Zócalo fue un tiro al aire. Los comerciantes han ido de la Seca a la Meca. Primero en calles como García Vigil, luego Reforma y otras. El asunto es que hoy mismo están afectando a otros rubros de la economía, como es el sector hotelero y a los locatarios de los mercados centrales.
No es una casualidad que después de dos años y medio de gestión apenas se le haya ocurrido al gobierno de Oswaldo García Jarquín atender un tema que siempre ha soslayado su administración. Ya lo dijo el senador Salomón Jara Cruz en entrevista con El Mejor diario de Oaxaca. Al edil le falló cumplirles a los citadinos. El puesto le quedó demasiado grande. Si bien es cierto que, en enero de 2019, a poco de haber iniciado su gestión intentó desalojar el Centro Histórico y fracasó al aparecerse grupos sindicales de golpeadores que defendieron a los ambulantes, también es cierto que de manera burda dejó crecer el problema, no obstante, las constantes denuncias de vecinos, medios de comunicación y comercio establecido. Y gracias a la connivencia entre funcionarios de su administración con líderes del comercio en la vía pública, los puestos se fueron extendiendo de manera anárquica sin que el ayuntamiento diera una sola respuesta.
Las protestas están a la orden del día y sin duda alguna seguirán. La ciudadanía no quiere más a comerciantes informales en el Centro Histórico, problema del que responsabilizan a García Jarquín y funcionarios. La sociedad civil se ha organizado para tomar medidas drásticas para resolver dicho problema, porque lo hecho hasta hoy, como decimos al principio, sólo fue picar el panal y soltar a las avispas. La invasión está hoy alrededor de los mercados, tomando igualmente las banquetas y los pasos peatonales.
Urge detener excesos
Sin ánimo de limitar o inhibir la libre manifestación de las ideas, derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las protestas derivadas en bloqueos carreteros y en cruceros y calles, han mostrado ser excesos y atropellos a los derechos ciudadanos. No se puede mantener firme una libertad ciudadana si ello implica pisotear las de los demás. Y eso es justamente lo que se da de manera cotidiana en la entidad. El Congreso del Estado, monopolizado por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha negado sistemáticamente a analizar propuestas o iniciativas encaminadas en ese sentido. La apatía y negativa tácita se pudo observar hace días, cuando en un bloqueo realizado por vecinos de colonias de San Juan Mazatlán, Mixe, una de sus compañeras, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yarith Tannos Cruz, fue retenida de manera ilegal y esposada, por los abusivos y extorsionadores bloqueadores.
Es necesaria la intervención del Congreso habida cuenta de acontecimientos recientes en los que algunas comunidades, en su derecho a pedir la libre circulación han participado directamente en el desalojo. Es el caso de los últimos días del mes de julio, cuando habitantes de San Pablo Etla, trataron de desalojar a los indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), luego de que hubieran mantenido cerrada la carretera 190, a la altura de Hacienda Blanca. O de los pobladores de comunidades como Sarabia, Boca del Monte y San Juan Guichicovi, para cerrar los accesos en ambos sentidos y obligar a los de San Juan Mazatlán a despejar la carretera Transístmica. Todo lo anterior no es un hecho menos. La violencia en contra de aquellos que privilegian estas acciones fuera de la ley, puede derivar en hechos de sangre.
De este tema comentamos el pasado sábado. Y no se trata de echarle la viga a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), que ha hecho su labor para apaciguar los ánimos, sino también de atribuirle la responsabilidad a quien tiene que ver con la aprobación de normas y reglamentos, pero que en los últimos tiempos se ha dedicado solamente a perfilar los grandes negocios y el tráfico de influencias. Los y las diputadas, para no seguir cargando sobre sus espaldas el negativo calificativo de la peor legislatura de la historia política oaxaqueña, deben discutir o analizar iniciativas que se encaminen a mejorar la convivencia entre los oaxaqueños. Todo lo demás es política sectaria y desapego a la realidad en que vivimos.
