Al menos el 59.7% de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran recluidos en los centros penitenciarios y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, pertenecen a las comunidades indígenas del estado de Oaxaca y de otras entidades federativas.
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 del INEGI, en los nueve Centros de Reinserción Social (Ceresos) y en la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) existen 3 mil 956 personas internadas, de las cuales 2 mil 145 señalaron pertenecer a pueblos indígenas.
De quienes se consideran indígenas, 2 mil 109 fueron hombres y 36 mujeres, la mayoría hablantes de lenguas originarias, de los cuales 911 fueron de comunidades zapotecas; 154, mixtecas; 149, mazatecas.
Así como 88 mixes; 51, chinantecos; 20, náhuatl; cuatro, zoques; dos, tzotzil; uno de mazahua; uno, otomí; uno tarahumara; uno, yaqui; mientras 34 señalaron pertenecer a otras comunidades; 138 señalaron no identificar sus lugares de origen; 590 no especificaron y mil 451 afirman no pertenecer a comunidades indígenas.
Al cierre de 2020, conjuntamente en el ámbito federal y estatal, la población privada de la libertad/internada se conformó por 211 mil 169 personas. De estas, 94.4% eran hombres y 5.6%, mujeres. Con respecto a 2019, se registró un aumento de 6.2 por ciento.
Del total de esta población, a nivel nacional 6 mil 889 (3.3%) pertenecían a algún pueblo indígena; en tanto se reportó que el pueblo náhuatl concentró el mayor porcentaje con el 16.8%. En comparación con lo reportado en 2019, disminuyó 13.3% la cantidad de personas con condición de pertenencia a algún pueblo indígena.
Según datos de asociaciones civiles como el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), dentro de los procesos penales los indígenas enfrentan múltiples violaciones a sus derechos humanos como es la falta de intérpretes al no saber hablar español, incluso torturas.
Tal es el caso de Rafael, de 59 años de edad, hablante chinanteco, originario de Ciudad Mendoza, Veracruz. Desde el 4 de octubre de 2019 se encuentra privado de su libertad en el Penal Varonil de Tanivet por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Durante su proceso fue obligado a firmar documentos sin conocer su contenido, sin intérprete, ni defensor que lo acompañara, lo interrogaron a base de golpes que lo dejaron lastimado. Rafael había viajado a la ciudad de Oaxaca en busca de trabajo, sin saber que iba ser interceptado por la Policía Municipal y Estatal, siendo acusado de un delito que no cometió.
