Por lo visto a los grupos criminales y sicarios que se han diseminado lo mismo en Tuxtepec que en el Istmo o la Costa, les importa un bledo la emergencia sanitaria que vive la entidad. Siguen con su carrera sangrienta de acabar con mujeres y hombres. El género no importa. Las ejecuciones han seguido. Resulta aberrante que pese al sobado anuncio de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país, las dependencias estatales no se pongan a trabajar para mantener dicho reconocimiento y dejen que la duda siga entre la ciudadanía. Como lo publicamos en la Sección Policíaca de El Mejor diario de Oaxaca, la semana pasada: sólo entre el 11 y el 26 de julio se registraron al menos 18 asesinatos y ejecuciones. Hombres, mujeres y niños (as) no han escapado a esta ola criminal, que se ha expandido por todo el estado.
Sin embargo, como comentamos el domingo pasado, el asunto de los triquis y toda la faramalla que ha traído consigo, como el resguardo de su retorno a Tierra Blanca, Copala, mantiene muy ocupados a los titulares de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga y el Comisionado de la Policía Estatal, Raúl Castillejos Solís. Los datos son preocupantes. He ahí el porqué de nuestra constante crítica a las mediciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por ejemplo, sólo el miércoles 28 de julio, se dieron al menos tres eventos criminales. Primero, fue localizado el cuerpo de una joven con signos de ejecución en Monjas, Cuilapan de Guerrero. Ese mismo día en el Barrio Lieza de Tehuantepec fue, asimismo, ejecutada Aurea Antonio R., de 58 años de edad, propietaria de un restaurante de mariscos. Ahí en dicha región, pero en Mixtequilla, fue víctima de un atentado similar, Roque B. S., apodado “El Jaibo”. El jueves, en Pinotepa Nacional, el gerente de la empresa “Vigil”, fue asesinado por desconocidos. Todo ello, en poco más de 24 horas. En las siguientes hubo al menos cuatro homicidios dolosos.
No es motivo de este segmento hacer un recuento de los hechos delictivos. Sólo los anotamos para ejemplificar y llamar la atención de las áreas responsables. Oaxaca no es ni con mucho una de las entidades más seguras. Es escenario de vendettas y trasiego de droga, lo que implica la presencia de grupos criminales y sus operaciones ilícitas. El tema de la seguridad pública no debe tomarse a la ligera. Es un tema delicado que puede seguir afectando la imagen de la entidad y de su gobierno.
Se consolida la farsa
Luego de la salida por la puerta trasera de la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y el arribo de su correligionario, Fredy Delfín Avendaño, se empezó a cocinar el tinglado perverso para echar abajo no sólo el legado del “Grupo Oaxaca”, forjado desde 2001, sino todo lo que ha implicado para nuestra sociedad democrática la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. En efecto, desde meses antes el referido legislador ya había anunciado su propuesta de iniciativa. Demoler la estructura actual del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP) y sustituirlo con un mamarracho: el Órgano Garante de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.
Luego de la aprobación de dicho dictamen, diversos organismos garantes, como el mismo Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), reviraron al considerar que la desaparición del IAIP representa una afrenta a todo principio democrático. En efecto, los promotores de Morena desconocen que el principio básico que dio lugar a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, promulgada en 2002, es su carácter ciudadano. Si bien es cierto que la tentación de los partidos de controlar a dichos órganos ha sido sistemática, una de las sentencias del principal promotor de todo aquello que tiene que ver con el acceso a la información, el “Grupo Oaxaca”, fue su despego a gobierno y partidos políticos. Su origen está cifrado en una conquista ciudadana, no en las maniobras legislativas para hacerlo rehén de intereses políticos.
Para evitar que la farsa se consumara, el INAI, el IAIP y otros interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia de inconstitucionalidad. No obstante, nuestros (as) legisladores (as) locales, especialistas en madruguetes, se adelantaron. Han buscado una y mil formas de justificar su ignorancia. Una de ellas es que sólo se cambia de nombre al órgano actual, que no acaba de convencer a la ciudadanía oaxaqueña, harta ya de saltos al vacío en materia legislativa o de aprobación de leyes que son letra muerta, pues nunca se aplican. Esperamos que, en el caso de la desaparición del referido órgano garante, una vez más se les enmiende la plana.
