Las autoridades de Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, junto con sus autoridades auxiliares y de Bienes Comunales, firmaron una minuta donde exigen la “no intromisión” de personas ajenas y rechazan resoluciones, sentencias o mandatos como solución al conflicto que enfrentan.
En el contexto de la resolución judicial que mandata a la autoridad estatal se garantice la reconexión del agua potable para Ayutla desde el manantial que tienen en disputa, se dio este encuentro entre las partes.
En tanto, el gobernador Alejandro Murat, respaldó la determinación de las autoridades y escribió en su cuenta de Twitter: “el respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios de Oaxaca, es la principal vía para alcanzar la paz entre las comunidades en conflicto”.
Junto con esto, adjuntó los documentos donde se plasmó la rúbrica de las autoridades de la zona Mixe, sin que existiera la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego).
“Hacemos pública esta declaración a fin de exigir respeto a nuestra autonomía, forma de organización, resolución de conflictos y la no intromisión de personas ajenas al conflicto que prevalece entre estas comunidades ni a nuestro territorio”, establecieron con el aval de las autoridades municipales, agencias y representantes de Bienes Comunales.
“Reconocemos la existencia de un conflicto agrario desde hace varias décadas debido a que no se ha podido lograr la disolución de la mancomunidad entre ambos pueblos, situación que provocó la disputa de un manantial, que a su vez ha desencadenado actos violentos en diferentes años”, agregaron.
También reseñaron la intervención de diversos sectores y de personas que han pretendido la imposición de una supuesta solución al conflicto con sentencias, mandatos o resoluciones.
Dichos mecanismos no son claros en cuanto a su ejecución ni previamente consultados con las asambleas comunitarias que rigen a estos pueblos, expusieron.
E incluso, hicieron mención de las intervenciones que se han dado en las conferencias “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, no avalaron.
“Nos oponemos a cualquier imposición gubernamental, intromisión de particulares o declaraciones a nombre de estas autoridades sobre el conflicto agrario que prevalece. Exigimos a las instituciones gubernamentales y demás personas ajenas que respeten los acuerdos emanados de un diálogo entre ambas autoridades, actividad respaldada por las respectivas asambleas comunitarias como forma de resolución”.
Condenaron cualquier acto de violencia que se pueda desencadenar de la imposición de alguna supuesta solución al conflicto.
Finalmente, exigieron permitirles seguir en el diálogo sin imposiciones.
