El pasado 21 de junio se cumplió un año de la masacre de 15 personas, en la comunidad de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar. Un homicidio múltiple que, por circunstancias extrañas e inexplicables, se ha sumergido en el fango de la sospecha y la complicidad. En efecto, a un año de haberse perpetrado, se desconocen los móviles y mucho más, se ha procedido conforme a derecho en contra de los autores materiales e intelectuales de dicha atrocidad. En el fondo de todo subyacen muchas interrogantes: ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en la citada comunidad huave que haya ocasionado el asesinato y aún la incineración de algunas víctimas? ¿Las diferencias políticas fueron de tal magnitud para desatar un crimen colectivo, que dejó en la orfandad a decenas de menores, viudas, viudos y familias dolientes, que siguen a la espera de justicia? ¿Qué hay detrás de todo ello para que a un año de distancia no haya detenidos, mucho menos consignados ante el Juez de Control? O más llanamente: ¿a quién o quiénes se trata de proteger?
El sismo que ocurrió a dos días de estos hechos, opacó lo que pudo ser un escándalo nacional. Lo que sorprende es la apatía para resolver el citado caso y la impunidad con la que presuntamente operaron los criminales. Se han mencionado nombres, desde el mismo día en que las redes sociales difundieron fotos grotescas de cadáveres humeantes o víctimas lapidadas, exhibiendo un sadismo ominoso, cual si fuera operación de sicarios cebados en sangre. Las protestas de familiares han sido prácticamente ignoradas. Presumimos que no han tenido eco en las autoridades que procuran o administran justicia. Sin duda alguna, los autores materiales siguen paseando libremente por la comunidad. Es más, hasta se ha guardado un total hermetismo de las pesquisas, si es que las hay, de este hecho deleznable que representa -aunque de momento no se vea así- una mancha para la actual administración.
Desde su llegada, el nuevo Fiscal General del Estado ha estado desempolvando casos que se mantenían casi archivados o en reserva. Se espera que no sea el caso de Huazantlán del Río. Será un error histórico dejar en la impunidad el crimen de 15 personas que, si bien ya descansan, quienes les segaron la vida no han tenido el castigo que les impone la ley vigente. Se requiere un castigo ejemplar y no las abominables mesas de diálogo que maquillan el crimen y hacen que escenas como las que describimos se sigan repitiendo.
¿Entidad segura?: Disco rayado
Por enésima ocasión sale a la luz de los medios de comunicación el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que afirma que, en comparación con la media nacional de homicidios dolosos, Oaxaca está por debajo y maneja estadísticas que, como ya hemos dicho, contrastan con la realidad que estamos viviendo. El citado informe como los anteriores, sólo han servido para que los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado (SSPO) y los jefes de las corporaciones policiales se sigan regodeando en el confort de que no hay que hacer nada, pues estamos en una entidad en donde prevalece la calma chicha en materia de criminalidad. Sin embargo, los hechos han demostrado que no es así. Hay una serie de hechos delictivos que muestran de manera fehaciente que estamos muy lejos de ser la entidad que ven quienes elaboran dichos informes, sabrá Dios con qué criterios metodológicos.
Justo cuando se difundía el informe a que hacemos referencia, el pasado martes, en jurisdicción de San Antonio de la Cal, en el área conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el director de Investigación, de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Omar Sabino Chepetla Jiménez, fue ejecutado por sujetos desconocidos, cuando estaba en el interior de su vehículo. Se trató, según fuentes policiales, de un burdo ajuste de cuentas. El difunto comandante laboró durante muchos años en la extinta Policía Federal y tenía menos de dos años de haberse integrado a la Agencia Estatal, en donde tenía un grupo de agentes a su disposición. El miércoles pasado se le rindieron honores al féretro donde yacían sus restos mortales. No trascendió algún mensaje respecto a la disposición de la corporación ni de la Fiscalía General del Estado, para dar con los responsables.
A lo largo de los últimos años, como lo publicamos en un interesante reportaje de nuestra Sección Policíaca, varios elementos de la AEI han caído, ya sea en emboscadas o en acciones criminales, sin que se haya procedido a las investigaciones correspondientes. Si ello ocurre con elementos que portan armas de cargo, uniformes y chapetones, ya podremos imaginar lo que pasa con el ciudadano común y corriente. Es cierto, no estamos como en Tamaulipas, en donde grupos criminales para calentar la plaza asesinan a inocentes, pero de ello a ser como tanto se dice, una de las entidades más seguras del país, hay un gran trecho.
