Las redes sociales han difundido información, con toda oportunidad, de los nuevos huéspedes que, sin recato alguno, se han avecindado en el Andador Macedonio Alcalá. Ya no son los vendedores de las llamadas “marquesitas”, sino incluso de tacos de cabeza de res, cuyos propietarios encontraron en la abulia municipal, el momento ideal para instalarse, convencidos de que nadie les quitará sus puestos, mucho menos los conminará a respetar el inexistente reglamento del comercio en el Centro Histórico. La semana pasada, como lo publicamos en su oportunidad, un funcionario del ayuntamiento afirmó que han sido, en parte, las prácticas corruptas las que han dado pie a este crecimiento irracional del comercio en la vía pública. Y en parte tiene razón, aunque ha sido más la abulia oficial la que ha ocasionado esta anarquía y atentado en contra de la imagen que nuestra ciudad ofrece al poco turismo que hoy nos visita.
En EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, le hemos dado un seguimiento puntual al crecimiento irracional del ambulantaje en la capital. No era preocupante tal vez el que ha estado durante años en calles como Las Casas, 20 de noviembre, Miguel Cabrera e incluso, el que vino después en otras vías, sino el que ya invade espacios que se creían libres de ambulantes y que dan a la ciudad una imagen de anarquía y pitorreo a la ley. Nos referimos a todos aquellos que se han instalado de manera ilegal y en abierto desafío al gobierno de la ciudad, en las calles de Macedonio Alcalá, Adolfo C. Gurrión y calles aledañas, sin que se haya dado una ordenanza municipal para retirarlos. Es una afrenta a nuestros sitios emblemáticos que los puestos están copando hoy el entorno de Santo Domingo de Guzmán.
El tema fue abordado el pasado lunes en el encuentro que sostuvieron el gobernador Alejandro Murat y el presidente electo de la capital oaxaqueña, Francisco Martínez Neri. Hace falta una política coordinada entre los dos órdenes de gobierno, para diseñar una estrategia de regulación del comercio en la vía pública. No se trata de atentar en contra de quienes se tratan de ganar la vida de esta manera, sino de respetar espacios que no son comerciales ni, mucho menos, están incluidos en aquéllos que dan a la capital oaxaqueña una pésima imagen, ante los propios y ante el turismo del país y el extranjero que nos visita.
Congreso local: Malas costumbres
Si la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional -Morena- en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, creyó que desaparecer de un plumazo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), era pan comido, se equivocó de principio a fin. Y es que el diputado promotor de dicha iniciativa, Fredy Delfín, no sólo se entrampó en la celeridad por aprobar el decreto, sino en la falta de leyes secundarias que, hasta el día de hoy, han hecho improcedente la reforma constitucional para desaparecer el citado órgano. Más aún, la semana pasada trascendió que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aprobó interponer una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de su desaparición.
La ignorancia y la superficialidad siguen permeando en nuestra representación local, con sus contadas excepciones. Atentar en contra del Instituto de Acceso a la Información local, implica desconocer el origen del mismo; la lucha del llamado “Grupo Oaxaca”, para hacer realidad la transparencia, la rendición de cuentas y acabar con la opacidad. Ello fue interpretado hace dos décadas, como una conquista de la sociedad civil y un paso importante en nuestra ruta democrática. No es un logro de los gobiernos ni de los partidos políticos. No es la primera vez que el Congreso local da un salto al vacío. Uno de ellos fue la aprobación de la llamada Ley Anti-chatarra, justo cuando asomaba la emergencia sanitaria por la Covid-19. No sólo fue inoportuna, justamente por el impacto económico en miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que habían empezado a resentir los efectos letales de la pandemia, sino porque hoy en día sigue como letra muerta.
Una vez más, la ignorancia en cuestiones parlamentarias hizo de la misma sólo un buen propósito. Otra más fue la ley sobre Residuos Sólidos, que prohibía la venta de comida y refrescos en envases de PET o unicel, cuya vigencia tuvo que postergarse al menos un año luego de su aprobación. Lo que no olvida nuestra flamante representación popular es la de exigir prebendas a los funcionarios del Poder Ejecutivo; contratos; obras; concesiones y, por supuesto, el abominable “pago por evento”. De risa, cuando exigen que se rindan cuentas del destino de los 3 mil 500 millones de pesos que le aprobaron al ejecutivo solicitar un préstamo en 2019, cuando una buena tajada fue destinada al soborno legislativo.
