Este mes ha sido, a lo largo de al menos las tres últimas décadas, una bocanada de aire para el sector turístico. Las fiestas de julio que iniciaban hasta el 2019, con este día, recibieron un duro revés con la llegada de la pandemia de Covid-19 el año pasado. Se suspendieron los eventos de corte cultural y todo el calendario de actividades que era el aliciente de los visitantes del país y el extranjero. Más aún, fue cancelada nuestra más emblemática fiesta folklórica: La Guelaguetza. No es la primera vez que ello ocurre desde que en 1932 nació lo que fue conocido como “Homenaje Racial”. En 2006, en el fragor del movimiento político y social, promovido por la Sección 22 del SNTE y radicalizado por grupos integrantes de la tristemente célebre Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un grupo de facinerosos, prendieron fuego al templete en donde se llevan a cabo los bailes, danzas, mayordomías, bodas y bautizos que componen actualmente nuestra fiesta máxima.
La citada presentación fue suspendida. La Secretaría de Turismo estatal, responsable de la venta de los boletos, tuvo que devolver los importes, con el daño no sólo a las finanzas estatales sino también, a la industria sin chimeneas que se vio más afectada, por los avisos de países como Estados Unidos y Canadá a sus connacionales, a no venir a Oaxaca. Ese año quedó en la historia de nuestra entidad como una mancha indeleble. Sin embargo, con la proliferación de contagios y muertes por el SARS-CoV2, desde inicios de 2020, las autoridades se vieron obligadas a cancelar las fiestas de julio, ante el riesgo inminente para la salud. Fueron pues, otros motivos, válidos desde la perspectiva de la cantidad de decesos que ha provocado el citado virus.
Este año, como ya hemos comentado, por segundo consecutivo se cancela La Guelaguetza y los festejos de julio se llevarán a cabo, con certeza, cumpliendo los protocolos sanitarios. Decimos que hubo otros tiempos, pues en años anteriores, para esta fecha ya se conocía el calendario de actividades de todo el mes. Hoy no. Ha trascendido que habrá eventos culturales, pero no en la magnitud de los que veíamos antaño, antes de la pandemia. Es pues, un nuevo revés para Oaxaca; para la industria turística y para los miles de familias que viven de ella. Otra vuelta de tuerca para nuestra precaria economía.
Zona triqui: Aplicar la ley
El miércoles 23 de junio, en pleno centro de Santiago Juxtlahuaca, fue ejecutado un miembro del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). El pasado domingo, una pareja de maestros corrió igual suerte. Estos hechos se dan a escasas tres semanas de que el gobernador Alejandro Murat se reuniera con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para conversar y sentar las bases de un acuerdo de paz en la zona triqui, catalogada como violenta y en eterna disputa. Lo anterior, en virtud de la constante movilización de militantes y dirigentes de la escisión del primero, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), estigmatizado por ser un grupo violento y cerrado a cualquier acuerdo pacífico. Los asesinatos de militantes de uno y otro, han sido algo cotidiano y desde hace décadas. Es un extraño caso de exterminio interétnico.
El tema volvió aparecer en la agenda gubernamental luego de algunos incidentes violentos en la comunidad de Tierra Blanca, cuyo coto de poder se disputan las organizaciones antes señaladas, pese a que el agente municipal de la referida comunidad se ha deslindado de las mismas. Por el contrario, ha insistido en que el objetivo de su población es vivir en paz. Sin embargo, la presunta inseguridad que se vive en la zona fue capitalizada por Macario Merino, dirigente del MULTI, quien no sólo ha recurrido a prácticas de chantaje, como son los bloqueos carreteros y protestas en la Ciudad de México, sino que ha perfilado el avieso propósito de que las autoridades declaren a su gente “desplazados” y puedan contar con las medidas cautelares de que gozan los grupos que se han apropiado de los pasillos del palacio de Gobierno desde 2010.
Los organismos que regentean a los triquis, que son al menos cuatro: MULT, MULTI, Asamblea de los Pueblos Indígenas (API) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), franquicia de Fabián Pereda, conocido como “El Calaco”, no pretenden alcanzar acuerdos de paz ni que la zona sea un espacio de convivencia. Ellos viven de la explotación de la violencia y de hacerse víctimas. He ahí el porqué insistimos en que lo que debe prevalecer con la citada etnia y sus manejadores es la simple y llana aplicación de la ley. Sólo de esta manera puede garantizarse un clima de civilidad y concordia; sólo así, la violencia y la muerte dejarán de ser botín de vivales.
