Esta semana concluyen las campañas políticas de todos los partidos y coaliciones como lo dispone la ley en la materia. En los días previos a la jornada del 6 de junio habrá al menos tres días de silencio. Lo anterior, después de meses de proselitismo y acciones para elegir a los 10 diputados federales, 25 diputaciones locales –que con los 17 plurinominales, conforman un Congreso local de 42 representantes populares- y 153 presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos. Termina pues, un proceso extenuante, violento y enconado. Todos los candidatos (as) tuvieron la misma oportunidad de buscar el apoyo popular sin restricciones, sólo tal vez la que les impusieron las presiones de sus propios partidos o grupos o adversarios. Cada uno (a) se publicitó en medios impresos, electrónicos o redes sociales.
La mayoría, aunque no exenta de engaños, las planillas quedaron integradas como lo dispone la legislación vigentes, dándoles un cariz de inclusión, es decir, tener representantes de mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, de la comunidad lésbico gay y de la población afromexicana. Decenas de candidaturas fueron echadas abajo por el árbitro electoral por no cumplir con los ordenamientos legales, por simular o por violencia probada de género de los aspirantes. Hubo quienes fueron rechazados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), pero fueron restituidos por los órganos jurisdiccionales. Es decir, en este proceso ha habido de todo. Inclusive de aquellos cuyos partidos simularon una situación anormal e ilegal, como aquellos que se dijeron discapacitados porque padecían estigmatismo o miopía.
De los casos de violencia política en los que nuestro estado lleva un buen sitio a nivel nacional, ya hemos comentado en este mismo espacio editorial. Hay al menos dos crímenes y un atentado que nos han ubicado como un estado con riesgo de violencia electoral. El asesinato de Ivonne Gallegos el 20 de marzo pasado y la posterior ejecución de Leonardo Díaz Cruz, han empañado el citado proceso. Más aún, el atentado en contra de Hugo Jairo Hernández, candidato a la presidencia municipal de Mariscala de Juárez, en donde resultó gravemente herida su pequeña hija, refleja el grado de intolerancia política que se sigue viviendo en la entidad. Sin embargo, esperamos que en la jornada del próximo fin de semana, prevalezca la civilidad y la paz social.
Contaminación visual
Una vez concluidas las campañas políticas se espera que los órganos electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), obliguen a partidos y candidatos a retirar de las calles y avenidas su propaganda; a evitar que los espectaculares con rostros o consignas, sigan afectando el paisaje urbano y se conviertan en un motivo de contaminación visual. Se trata de una parafernalia de anuncios, eslóganes, colores y promesas, que tienen a la ciudadanía harta. Hay que barrer y retirar la llamada basura electoral, apercibiendo a los responsables con multas o sanciones, pues no se concibe que haya aún bardas pintadas de procesos que se llevaron a cabo hace cinco o diez años. Es impresionante la cantidad de espectaculares diseminados por todo el estado, pero particularmente en la capital y los Valles Centrales.
Existen antecedentes de que una vez terminadas las campañas y previo a la jornada de votaciones, no debe haber ya nada que se tome como publicidad, llamado al voto por determinado candidato o partido ni, mucho menos, eslóganes triunfalistas. Bajo esa premisa, cada uno debe actuar con responsabilidad para hacer lo que le corresponde. Este proceso electoral, llamado con eufemismo el más importante y competitivo de la historia contemporánea del país, ha resultado también para el ciudadano común y corriente, el más sofocante, el más denso de cuantos hemos vivido los ciudadanos. Sólo hay que ver los canales de televisión comercial para darse cuenta de la saturación de mensajes, jingles, tonadillas y datos destinados a abatir al adversario político por la vía mediática, Tienen razón aquellos que opinan que el sistema de partidos en México está ya podrido.
Lo que hemos vivido desde el mes de septiembre de 2020, cuando dio inicio el proceso electoral, debe ser una llamada de atención a quienes tienen en sus manos la aprobación de leyes y decretos. No se trata de ir en contra de instituciones sólidas y autónomas que han sido pivote de nuestra vida democrática como el Instituto Nacional Electoral (INE), sino la urgente reforma política que elimine de una vez por todas la atomización de partidos políticos y cancele las prerrogativas. Nuestra incipiente democracia, ya se ha dicho, es demasiado onerosa. Lo peor de ello es que con nuestros impuestos se mantiene a una casta divina de burócratas y partidos, que con los mismos se encumbran para seguir medrando del erario.
