Como ya hemos comentado, el jueves 20 de mayo la ciudadanía de la capital tuvo que sorber el trago amargo de la impotencia, del hartazgo y el coraje, ante el vandalismo y el atropello a los derechos civiles, por parte de pseudo normalistas, manejados con evidente interés político. Empresarios, comerciantes, ciudadanos de a pie o servidores públicos, vieron con asombro la impunidad con la que sus negocios fueron destruidos, vandalizados y algunas personas, padecieron agresión física. Por enésima ocasión, los representantes de los medios de comunicación fueron objeto de intimidación, golpes y amenazas, ante la parálisis gubernamental, que no quiere llevar consigo el estigma de una supuesta represión. La exigencia se ha generalizado: Oaxaca no puede seguir así. Debe aplicarse la ley. Se trata de acciones de terrorismo que no deben permitirse en un Estado de Derecho. La entidad urge de orden, de gobernabilidad, de mantener firme el espíritu de la ley y la fuerza institucional. Al día siguiente, cuando el fenómeno pretendía repetirse, la Policía Estatal actuó para disuadir disturbios. Y funcionó.
A las facciones magisteriales y sus brazos violentos: el Frente Popular Revolucionario (FPR) y los membretes: Sol Rojo o la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), debe quedarles claro que Oaxaca no repetirá jamás escenarios como los del 2006. Los organismos gubernamentales y no gubernamentales que dicen proteger los derechos humanos, deben dejar atrás la inercia y la complicidad, ante una realidad evidente: las mayorías inermes son agredidas impunemente por grupos minoritarios de delincuentes juveniles, mercenarios de una mal entendida lucha social y “enfermos”, enajenados por el adoctrinamiento de corrientes ya extintas en el mundo global. El Estado debe simplemente cumplir con su papel de salvaguardar los derechos civiles. No encogerse de hombros.
Por el lado que quiera verse, no se justifica ni el vandalismo violento y pernicioso, menos la omisión gubernamental. Los oaxaqueños, aquellos que a diario luchan por llevar con decoro el pan a casa; aquellos con esfuerzo han levantado sus negocios; los que viajan en los camiones urbanos para llegar a tiempo a sus labores, no merecen esta agresión permanente. No dudemos que ese pueblo bueno y sabio, presa del hartazgo y la impunidad, ponga un alto a tanta agresión.
Paz sin membretes
Hace poco más de una semana, en la Ciudad de México, el ejecutivo estatal y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, junto con autoridades comunitarias, se reunieron para sentar las bases de lo que será un clima de paz en la zona triqui, ubicada en jurisdicción de Santiago Juxtlahuaca. Y es que se habla de desplazados y de un ambiente de violencia en la comunidad de Tierra Blanca, Copala. En efecto, dicha etnia ya necesita la atención enérgica de las autoridades, pues como ya hemos comentado, viven en un eterno ambiente hostil. Llamó la atención que se buscará matener el clima de paz y civilidad, sin la participación de las organizaciones sociales. Y es que durante años, la polarización en la citada zona indígena, ha sido una especie de resorte de interés político y económico. Las principales organizaciones que se disputan la supremacía: el Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui (MULT); su escisión, el Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), han sido el factor principal de división.
Ello sin descartar la organización de donde se nutre el Partido Unidad Popular, la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API), que tiene entre sus filas a un segmento de la citada etnia. Visto en perspectiva pues, se trata de una estructura atomizada y muy polarizada. Cada uno de sus dirigentes ve sus propios intereses y han habituado a mujeres y hombres a pervivir no de su trabajo, sino de lo que ellos le consiguen en su interlocución o presión ante el gobierno. Es decir –sin ofender- una especie de mendicidad. Ello ha llevado a una lucha permanente, no exenta de violencia y crimen; de secuestro y desaparición de mujeres y hombres; de asesinatos incluso de ancianos o niños, a lo largo de las dos últimas décadas.
Locutoras de radio asesinadas; hermanas que fueron levantadas y nunca aparecieron; activistas nacionales y extranjeros que fueron emboscados en 2010. Es decir, hay un memorial de agravios y odio. Ojalá y hacemos votos para ello, que al fin la paz y la concordia llegue a nuestros hermanos triquis. Será, sin duda alguna, un gran acierto de la presente administración y un paso más, para acabar de una vez por todas con ese exterminio fraterno que ha vivido la etnia citada.
