Hemos abordado este tema de manera recurrente por una razón válida: los presuntos alumnos de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), se han convertido en un verdadero cáncer social. Y es que no se trata de protestas o lucha estudiantil genuina. No. Sus demandas ya han sido atendidas. Han encontrado de parte de las autoridades educativas, concretamente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), respuestas a las peticiones y exigencias. Algunas se han podido resolver en el ámbito estatal. Otras, han sido canalizadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las reglas que hoy rigen el otorgamiento de plazas o mejoras a las condiciones del sistema de educación normal ya no son las mismas de antes, por tanto, aquello que no está en la jurisdicción estatal tiene que canalizarse a otros niveles.
El problema es que desde que ocurrió el affaire Ayotzinapa, estos jóvenes y potenciales delincuentes se asumen, sencillamente, intocables. Toman casetas de peaje, secuestran autobuses, retienen unidades de tiendas de autoservicio, las saquean, causan destrozos, roban, asaltan, etc. Es evidente que operan tal cual fueran grupos criminales, golpeando con absoluta impunidad. Uno de los destinatarios favoritos de su frustración y encono son los representantes de los medios de comunicación. La lección que puso sobre la mesa el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, fue dura y le está costando a la ciudadanía -no al gobierno- padecer los coletazos, pero alguien debe poner por encima de las minorías la paz social y la gobernabilidad del estado. Aquí no hay medias tintas. Es cumplir a cabalidad con la ética de la responsabilidad que le compete a todo gobernante.
Lo que muchas personas se preguntan es: con la dura lección de Ayotzinapa, en la cual los normalistas no estaban en su centro escolar sino secuestrando y atracando, cuando fueron desaparecidos, los padres y madres de familia de quienes militan en la CENEO; ¿estarán convencidos de lo que hacen sus hijos? ¿Apoyan las acciones vandálicas y de abierto reto al Estado de Derecho? Si es así, esperamos no verlos después recorriendo el país y llorando como plañideras, exigiendo la libertad de sus hijos (as) detenidos o desaparecidos. Porque esa apatía, esa irresponsabilidad respecto a la conducta que asumen los primeros, más tarde que temprano traerá consecuencias graves.
Al rescate de espacios
Desde hace algunos años, por esos arreglos políticos oscuros e inexplicables, el refugio para mujeres víctimas de violencia que dependía del gobierno de la capital oaxaqueña pasó a ser parte del coto de poder que aún mantiene el ex dirigente y ex diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) -hoy militante de Morena- Hugo Jarquín. Se desconocen los arreglos debajo de la mesa, los acuerdos y demás para que un espacio tan necesario en estos tiempos de violencia contra la mujer, haya cambiado de giro y se le haya otorgado a un particular. Es evidente que vulnera su objetivo esencial, pues no cumple el propósito para lo cual fue creado: otorgar atención primaria, asesoría jurídica o psicológica a aquellas mujeres que padecen de violencia. El objetivo pues de quienes hoy en día buscan la presidencia municipal de la capital debe ser el rescate de este espacio público vital para la mujer citadina.
Otro espacio que desde hace más de una década le fue otorgada al mismo personaje es el predio que se ubica junto al llamado Parque del Amor, en donde hoy en día se ha instalado un gigantesco mercado, con puestos fijos de lámina y venta de todo tipo de mercancías. De nueva cuenta surge aquí la interrogante: ¿cómo o bajo qué preceptos legales un espacio que pertenece a la comuna fue otorgado a un particular? ¿Qué explicación dan a la ciudadanía aquellos que por arreglos políticos en sus particulares administraciones han cedido en propiedad o usufructo, bienes municipales, tan necesarios para construir oficinas o crear parques recreativos, tan urgentes para los capitalinos? Son pues, muchas las interrogantes y la indignación ciudadana al respecto.
En el mismo tenor se encuentran los estacionamientos públicos, ubicados en la zona del Mercado de Abasto y la Central Camionera de Segunda Clase, los cuales son administrados al arbitrio de dos o tres dirigentes del comercio, entre ellos el ya citado Hugo Jarquín, cuyos beneficios monetarios van directamente a sus bolsillos, pudiendo el ayuntamiento de la capital, crear un fideicomiso de mejora u otros, con los recursos obtenidos. En fin, sólo mencionamos tres espacios municipales que las administraciones que entrarán en vigor el primer día del año que viene e independientemente de filiación política deben atender, como una prioridad. Esta situación no admite mayor dilación.
