La venta de niñas y mujeres en algunas comunidades indígenas, sobre todo de estados sureños como Oaxaca ha sido una “costumbre” transmitida de generación en generación, fundamentada en la discriminación de género que anula sus derechos y perpetuada por la extrema pobreza. Es una problemática compleja en la que los procesos de reeducación con las familias son claves, pero lo primero es reconocer, tal como lo ha establecido la OIT, que se trata de una forma de esclavitud moderna que niega los derechos humanos de niñas y mujeres, y por tanto es un problema social al que no debemos ser indiferentes.
Primero que nada, hay que dejar de normalizar los abusos que se dan en cualquier contexto. Así como en las urbes hoy podemos señalar y denunciar conductas machistas y violentas como el acoso callejero, también es necesario dejar de ser permisivos ante las violencias perpetradas en el ámbito comunitario. Cuando hablamos de tradiciones es importante diferenciar entre un acto repetido que se normaliza en una determinada sociedad (que pueden ser bastante arcaicos), de elementos rituales propios de la cultura de un pueblo. El enfoque de derechos humanos es básico para hacerlo; sencillamente ninguna práctica consuetudinaria que viole los derechos fundamentales de persona alguna, puede prevalecer como elemento cultural, y por tanto es preciso erradicarla.
Las víctimas quedan expuestas a vivir violencias, abusos y explotación física y sexual, pues sus cónyuges y a veces hasta los suegros, sienten que ellas tienen que “desquitar” el precio que pagaron para tenerlas. Muchas ya vivían violencia familiar antes de ser vendidas, y un día sólo se enteran que el padre ya ha hecho un “trato”, para que la familia “recupere algo de lo “gastado” en su crianza. Vidas condenadas al maltrato y al sometimiento por razón de género.
La pobreza es factor, pero nunca justificación. Cierto es que la mayoría de los municipios donde se ubican estas prácticas se encuentran catalogados por el CONEVAL como contextos rurales en extrema pobreza. De ahí la importancia de los procesos de reeducación con las familias, pues unos cuantos miles de pesos como dote son apenas paliativos a sus carencias, mientras que el apoyar a las niñas para permanecer en la escuela es una vía segura para romper con el ciclo de pobreza.
Experiencias exitosas como el trabajo de la organización “Yo Quiero Yo Puedo” en la región de la Montaña de Guerrero, arrojan luces de esperanza para atajar esta situación. Entre 2015 y 2018, esta organización dio pláticas y talleres sobre derechos de las mujeres a beneficiarias del programa Prospera. Esto ayudó a decenas de mujeres a reconocer que el casarlas a ellas o a sus hijas a la fuerza es una violación a sus derechos, y con ello muchas decidieron romper la “tradición”.
Pero del reconocimiento el siguiente paso debe ser la denuncia. De ahí la importancia de continuar fortaleciendo las Instancias Municipales y los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, para que los procesos de capacitación de derechos lleguen a todas, así como la orientación que requieran para su acceso a la justicia como un primer contacto, aunque la realidad es que erradicar la venta de niñas y mujeres es un asunto que compete la intervención de los tres órdenes de gobierno con toda la fuerza del Estado.
