En el calendario cívico de los mexicanos hubo, hasta hace al menos cuatro décadas, una fecha significativa y de gran tradición este día: la celebración y homenaje a nuestros maestros en este día. Aún en las comunidades más modestas y alejadas de las ciudades, los comités de padres de familia, las autoridades municipales y los mismos alumnos, realizaban festivales, comidas, regalos y hasta bailes para conmemorar tan importante fecha. Era un derroche de alegría. Una verdadera efeméride cívica. Sin embargo, los tiempos fueron cambiando de manera radical. Hoy en día esta fecha ha quedado sólo como una referencia, un recuerdo, una mención oficial. Y fue a partir de 1980, cuando se dio la emergencia de la disidencia magisterial y el surgimiento del llamado movimiento democrático que, paradójicamente, ha mostrado las huellas más burdas del charrismo sindical que, se presume, fue la principal bandera de la disidencia, aglutinada después en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Con sus respetables y reconocidas excepciones –porque hoy en día existen buenos y grandes maestros; responsables y comprometidos con la educación de sus alumnos- el magisterio fue derivando hacia otros escenarios, algunos de ellos violentos, imbuidos sus dirigentes en doctrinas de un socialismo inexistente y otras más radicales. En Oaxaca, esta fecha se convirtió en un vertedero de protestas, plantones y chantaje. El maestro fue derivando de ser el motor del cambio social en sus comunidades en una marioneta de intereses políticos, partidistas, de apariencia revolucionaria. Si en los años 80 tuvo aún un apoyo social, pues los diversos sectores de la población veían con simpatía su movimiento de reivindicación laboral, ello se convirtió en una total aversión cuando lejos de sumarse a las tareas del pueblo devinieron su látigo. Los bloqueos carreteros, a los centros comerciales y a bancos; el robo en casetas de cobro; el asalto a automovilistas y el secuestro de autobuses; el chantaje y la presión como banderas de lucha; su resistencia a cumplir con la Ley de Educación y las reformas aprobadas, pero, sobre todo, el abandono durante meses de su misión en las aulas, dejó al maestro ante la sociedad como un simulador, demagogo, farsante y enemigo de la educación. Esperamos que con lo que el país ha vivido en los últimos tiempos, sean menos fanáticos y más productivos, hablando de la educación.
Castigo a simulación
La ley electoral vigente es muy clara en lo que respecta a las cuotas que deben tener los partidos políticos y coaliciones, no sólo el 50% de mujeres, sino la inclusión de personas con discapacidad, indígenas, afrodescendiente, pertenecientes a la comunidad lésbico-gay, adultos mayores o jóvenes. Cada partido tuvo el tiempo y la oportunidad de integrarlos (as) entre sus candidatos (as), respetando los tiempos, pero, sobre todo, las disposiciones reglamentarias. Y para salir al paso y proteger compromisos de la dirigencia o de quienes tienen predominio en dichos institutos políticos, algunos simularon haber cumplido, poniendo en las candidaturas a personas que ni tienen arraigo indígena ni hablan algún idioma de los pueblos originarios o pretender acreditar una discapacidad, argumentando que el candidato padece astigmatismo o miopía. Esto es, no sólo trataron de sorprender al árbitro electoral sino tomarle el pelo al electorado.
El fin de semana pasado, el Tribunal Estatal Electoral (TEEO), echó para abajo la candidatura de Francisco Niño Hernández, candidato a diputado local por el distrito 3, con sede en Loma Bonita, habida cuenta de que no pudo acreditar su pertenencia o ascendencia en alguno de los grupos indígenas de la región. El aludido ha vivido en San Juan Bautista Tuxtepec, además de que, el lugar que representa, no es municipio indígena. El candidato fue incorporado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través de prácticas fraudulentas y simulación. Pero no es el único caso. Hay al menos diez o más casos en este partido, que también arrastra la sospecha de que incluyó en su lista a presuntas candidatas que no representan a la comunidad lésbico-gay, y han sido impugnadas por ésta.
En redes sociales se han comentado casos de candidatos (as), que a última hora pusieron domicilio en alguna comunidad indígena y simularon. Lo grave de todo ello es que teniendo Oaxaca una población de al menos un tercio perteneciente a grupos étnicos, las dirigencias de los partidos políticos hayan tenido que recurrir a arreglos truculentos y argucias, para poder inscribir a falsos miembros de los pueblos originarios. No se ha terminado aún de ponderar la serie de irregularidades en las que habrían incurrido los citados institutos políticos. Tarea apremiante pues para los órganos jurisdiccionales. Esta situación definitivamente no debe repetirse. No debe haber componendas jurídicas para quien pretender sorprender no sólo a los órganos electorales sino a la sociedad en general.
