Ya son muchas voces oaxaqueñas las que insisten en que el tema del comercio en la vía pública y, sobre todo, el que ha ahorcado al Centro Histórico, debe resolverse con la ley en la mano y sin miramientos. Según datos obtenidos, al final de la primera gestión de Javier Villacaña en la presidencia municipal, en 2016, el censo de comerciantes en la vía pública era de al menos 900 puestos. Sin embargo, el mismo censo se ha triplicado hoy en día debido a políticas públicas laxas y hasta de corrupción de funcionarios municipales, que se aprovechan de la anarquía existente para hacer sus propios negocios. Se habla de un ex director de Vialidad de la comuna que tiene –afirman- cerca de 70 puestos en las calles del primer cuadro de la ciudad. Esto es, el problema ha crecido por la connivencia de quienes se presume deben cumplir su responsabilidad como autoridad y no utilizar el cargo para traficar influencias.
Bajo esa premisa, el ambulantaje –del tema hemos comentado en diversas ocasiones- que amenaza ya con ahorcar todo el Centro Histórico y seguir creando una pésima imagen citadina, debe ser resuelto con energía y sin vacilaciones. Si bien es cierto que el comercio en la vía pública es un fenómeno que existe también en las grandes ciudades, también lo es que desde cualquier punto de vista debe ser ordenado y censado. No puede permitirse que por esa complicidad de las mismas autoridades de que hablamos antes, dicho fenómeno siga creciendo sin control y creando un problema real de gobernabilidad y cumplimiento de la ley. Si las autoridades cuentan con la posibilidad de darles alternativas reales para que sigan vendiendo, sin continuar afectado la imagen capitalina, adelante, pero no están obligadas a ello.
El caso de los triquis que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y desde hace once años se avecinaron en espacio público, es evidente que dichas medidas no están en contraposición a los reglamentos y ordenanzas municipales en lo que se refiere a la imagen que debe guardarse de este Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la UNESCO en 1987. Es decir, sólo falta que un equipo de expertos presente su queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que las citadas medidas cautelares se echen abajo. Nada tiene que ver su estatus de desplazados para que sigan afectando la imagen de la capital, que vive principalmente del turismo.
Inseguridad: Flagelo social
La inseguridad, es de todos sabido, es un tema nacional. La crítica se ha volcado sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en diversos foros nacionales y en la prensa extranjera, justamente porque con el eslogan de “abrazos, no balazos”, ha soslayado la responsabilidad de Estado para combatir el flagelo de la inseguridad que, en los dos años y fracción que lleva al frente del gobierno federal, ha dejado una estela de miles y miles de muertos, que superan en mucho, a los habidos en los llamados gobiernos neoliberales. Es increíble que no se adopten las medidas necesarias por ejemplo en Guanajuato, en donde sólo en 24 horas se llegan a cometer entre 30 o más ejecuciones. Caso parecido es Jalisco, con incursiones de los grupos criminales que llegan a bares y asesinan a mansalva a cinco o diez parroquianos. Guerrero y Michoacán tampoco se salvan. En esta última entidad, ya se ha visto, la violencia focalizada en una comunidad: Aguililla, no ha tenido una respuesta enérgica del gobierno federal.
Oaxaca, insistimos, no es para nada el Edén que se nos pretende inculcar de manera mediática. Tampoco es el remanso de paz del que algún día disfrutamos los oaxaqueños, de poder transitar o caminar libremente por cualquiera de las ocho regiones. Solamente la semana pasada, en menos de 24 horas, en Pinotepa Nacional fueron ejecutadas tres personas. En Tuxtepec, vecinos de la Colonia “5 de Mayo”, creyeron que eran cohetes los que escucharon ese día en remembranza a la celebración de la batalla de Puebla. Pero no. Resultó ser una balacera entre grupos criminales antagónicos que se disputan la plaza y que han dejado a esta rica zona de la Cuenca del Papaloapan, convertida en un cementerio. Las vendettas y ajustes de cuentas han tomado también a la ciudad y zona conurbada, como sitio para sus acciones de violencia. Un extranjero fue ejecutado afuera de una tienda de conveniencia hace menos de una semana.
Nuestra crítica al sobado mito de que somos una de las entidades más seguras del país no es ociosa. Y es que en ella se regodean quienes tienen a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) o las corporaciones policiales, para no hacer su trabajo y simular ante el ejecutivo estatal, que el tema de la seguridad está bajo control en la entidad, aunque en Juchitán, por decir sólo un ejemplo, las ejecuciones estén a la orden del día y otras regiones –como ya hemos comentado- sean campos de batalla de grupos criminales.
