Además de iniciar un expediente de queja por la desaparición el 26 de marzo de la activista Claudia Uruchurtu, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) mantiene el acompañamiento con los familiares y la comunicación con las instancias de procuración de justicia.
Autoridades del organismo precisaron que el trabajo de la Defensoría consiste en brindar acompañamiento a las víctimas frente a presuntos casos de violaciones a derechos humanos, además de vigilar la actuación de las autoridades en el cumplimiento de los protocolos de búsqueda establecidos.
De acuerdo a los protocolos vigentes y la legislación en la materia, se reconoce fundamental que las autoridades realicen diversas acciones en casos de desaparición, la coordinación, rastreo remoto y despliegue operativo.
“Cuando se advierta cualquier indicio de la posible desaparición forzada de una persona, se informará a quienes reportan o denuncian que les asiste el derecho de demandar amparo contra la desaparición forzada”, precisó la DDHPO.
Las autoridades competentes también deberán dictar medidas de protección para los familiares de la persona desaparecida, así como realizar un despliegue operativo en la proximidad de los puntos y polígonos de búsqueda.
“En casos donde se conozca una posible ruta seguida por la persona a la que se busca, el personal debe recorrerla en busca de posibles testigos y cámaras de seguridad; donde esa ruta involucre el ingreso a inmuebles de acceso controlado, deben buscarse los registros de ingreso y salida”.
De este caso, y luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmara que existe un testigo protegido, abogados cuestionaron la indiscreción del mandatario, al señalar que la esencia de esta figura es precisamente que no se conozca.
Explicaron que un testigo protegido es aquel del que se resguarda su identidad y se le conceden algunas prerrogativas dentro del proceso, además de obtener algunos beneficios para resguardar su seguridad.
Destacaron que de manera regular el testigo protegido tuvo una participación que lo incrimina o solo fue un testigo presencial de algún hecho delictivo, como la desaparición y posible asesinato de Claudia Uruchurtu.
“En el supuesto de que él o ella tenga algún tipo de participación, se valora la posibilidad de otorgarle algún beneficio procesal, precisamente a partir de que su información resulta de mucho valor para resolver un caso”.
Abogados consultados en el caso, que prefirieron omitir su nombre, coincidieron en señalar que podría haber dificultad en el proceso de investigación del caso de la activista al señalar que hay un testigo protegido, “porque precisamente se debe resguardar esa figura, de la que primero solo debe saber el ministerio público y después el juez correspondiente”.
