Lo que hasta el momento la ciudadanía, independientemente de la crisis sanitaria que estamos viviendo desde hace más de un año por la pandemia de Covid-19, ha observado en las campañas de los diversos partidos y coaliciones, es que sus candidatos (as) se siguen yendo por los lugares comunes. Esto es, tal parece que, aunque se hayan prohibido los actos masivos, los discursos están apegados a los mismos moldes del pasado. Promesas, ofrecimientos lejos de poder cumplirse y demagogia, como mencionamos la semana pasada, cuando incluso dijimos que el mismo arzobispo de Antequera, monseñor Pedro Vásquez Villalobos, había hecho un llamado a partidos y candidatos para pedirles que no mintieran a sus simpatizantes, sino que les hablaran con la verdad. Si bien, como ya lo hemos dicho, la jornada electoral del 6 de junio será inédita por las mismas circunstancias en las que se da, también es cierto, que ello representa un doble desafío para los árbitros electorales, habida cuenta que, de no cuidar las formas, puede darse un gran abstencionismo.
Pese a los buenos oficios del ejecutivo estatal, los órganos electorales tanto federal como estatal y algunas dependencias vinculadas con la seguridad, para poder garantizar un proceso electoral apegado a derecho y civilizado, se han dado hechos de violencia que deben ser investigados y castigados paran no empañar la equidad, imparcialidad y libertad que requieren los comicios que tendremos en el mes de junio. Uno de los eventos que están abonando a la violencia y la impunidad es la escalada que un grupo de pseudo normalistas han desatado en las últimas semanas en las que, ahora se sabe, existen intereses partidistas y gremiales vinculados a grupos radicales del llamado Cártel 22 del magisterio oaxaqueño. En efecto, no se trata de un movimiento genuino, que conlleve demandas estudiantiles, sino una protesta manipulada con aviesos propósitos de buscar beneficio político.
Otro de los temas que siguen estando en el ambiente denso que se ha propiciado, es el asesinato de dos personas bien identificadas con el Partido Acción Nacional (PAN) y que la Fiscalía General del Estado tiene en sus manos. Se trata de la ejecución de la ex diputada local y candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, perpetrada el pasado 20 de marzo y la también ejecución de Leonardo Díaz Cruz, ex presidente municipal de Ejutla de Crespo y padre de dos activos militantes del partido blanquiazul en Oaxaca. De hecho, este evento violento llegó a las más altas esferas de la política nacional. Son dos aristas en las que el gobierno de Alejandro Murat debe poner especial atención, para que los oaxaqueños tengamos un proceso electoral tranquilo y en paz.
La escalada contra el IAIP
Desde hace algunos meses, la escalada contra el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), se veía venir, de parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la LXIV Legislatura del estado. En su momento se mencionó una iniciativa del diputado Fredy Delfín Avendaño, respecto a darle a dicha institución la estocada final y crear una nueva, no sólo un nombre kilométrico sino plagado de confusión. Así, la semana pasada, con el voto de 28 legisladores (as) se consumó la desaparición del IAIP y la creación del Órgano Garante de Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno. Se trata, como se puede observar, de un ejercicio para la memoria, que en su propia definición conlleva la confusión, lo que denota que nuestros flamantes representantes populares, al tenor del Mesías que despacha en Palacio Nacional, tratan de desaparecer los llamados órganos autónomos para crear otros, susceptibles de ser manipulados.
Sin embargo, para el principal promotor de la desaparición del IAIP, quien hoy funge como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, se tratan de sustituir un órgano garante viejo por uno nuevo, que cumpla con su papel, dijo en entrevista. Empero, suponemos con bases firmes que aquellos que aprobaron la desaparición del citado órgano, desconocen la esencia, la lucha y la trascendente labor que desarrolló el “Grupo Oaxaca”, para poder socavar las políticas de discrecionalidad del antiguo régimen para poder impulsar no sólo las leyes respectivas sino incluso, la creación de los órganos garantes en todo el país. Es decir, no tienen ni remota idea. Su actuar legislativo y político, todo mundo lo sabe, ha sido pobre e improductivo, más aún con estas prácticas perniciosas de pretender desaparecer una institución, para crear otra a modo.
Si bien es cierto que todas las instituciones son susceptibles de mejorar y transformarse, también es cierto que no se trata sólo de demoler o desaparecer, influidos por la perniciosa frase de “al diablo con las instituciones”, con el avieso propósito de poner a las mismas de tapete. El IAIP, al igual que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), no son o fueron producto de una coyuntura política o invenciones sexenales, emanadas de alguna moda, sino que son el resultado de la lucha de la sociedad civil organizada para crear los contrapesos que exige todo país que se llame democrático para acabar con la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción. Atentar en contra de ellos, sólo para figurar ante un partido o para congraciarse con el poder en turno es un error histórico.
