La semana pasada se dio un hecho sin precedentes en la vida política del país, que trastoca por completo el espíritu de la Constitución y su mandato sobre la división de poderes. El senador oaxaqueño por el Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños Cacho Cué, presentó ante sus colegas de la Cámara Alta un transitorio que pasó sin ser analizado, por el cual se prolonga por dos años más, el mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ello implicaría vulnerar el espíritu de la Constitución; una burda intromisión en la política interna del máximo tribunal de justicia del país y un cochinero legislativo, que valida la permanencia de uno de los servidores públicos del ámbito de la justicia, que más inclinación ha mostrado respecto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Es lamentable que este doloroso traspiés haya recaído en un legislador oaxaqueño en la Cámara de Senadores, sin representar a la fuerza política a la que pertenece el presidente sino a un partido adlátere del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como es el PVEM. Más preocupante es el mensaje que da y que, como lo publicamos el pasado viernes, ahora con un transitorio una mayoría legislativa puede modificar a su arbitrio el espíritu de las leyes y prolongar el mandato presidencial, haciendo de la historia y la tradición jurídica del país, no más que una vulgar caricatura. En el ámbito oaxaqueño, resulta ser una afrenta al pensamiento de don Benito Juárez y al gran legado que nos heredó en materia de leyes y división de poderes.
Es penoso que se sigan dando eventos tan negativos como el anterior; que nuestros legisladores le apuesten al servilismo y a utilizar el cargo que les otorgó el voto ciudadano para orquestar lo que un senador calificó como un golpe de Estado al Poder Judicial de la Federación. Se trata de un evento inédito, algo excepcional y nunca visto ni en los peores tiempos de los gobiernos neoliberales. Se rompieron las formas, en tanto México se encamina hacia un destino incierto y dictatorial. El poder omnímodo, de un solo hombre, que miente, patea, manipula y con ocurrencias conduce al país. Lo peor de todo ello es que sea ésta una forma burda para congraciarse y obtener ventajas políticas. Posturas como la que mencionamos líneas arriba, sólo provocan conmiseración o hilaridad.
Falta de información
Como comentamos hace unos días, en calles de la Colonia Reforma, desde hace al menos un par de meses, aunque el fenómeno se ha acentuado las dos últimas semanas, sin aviso previo de parte de las autoridades municipales; sin la información al respecto, una empresa de servicios de telefonía y cable, ha hecho pedazos la carpeta asfáltica, banquetas, jardineras y otros, con la imagen visible de que introduce fibra óptica y cable subterráneo. Tanto empresas públicas como privadas suelen hacer estos cambios, según se dice, para mejorar el servicio a la ciudadanía. Pero también informan sobre las molestias ocasionadas a los vecinos o colonos, muchas veces asumiendo los costos de las obras mismas representan. El caso es que, hasta este momento, salvo lo que el ciudadano de a pie se imagina, no existen ni letreros ni disculpas para el mismo.
El daño ocasionado en todo el entorno urbano es grave. Por ejemplo, avenidas transitadas como Las Rosas, Escuela Naval Militar, Fuerza Aérea Mexicana y otras más, que han tenido un tránsito fluido a todas horas del día, se han vuelto de la noche a la mañana un infierno vial. Tal como lo comentamos hace poco más de una semana, desde muy temprano cuadrillas de trabajadores perforan, sacan tierra y la amontonan, sin volver a rellenar las cepas que abren. Hay vecinos que no pueden ni meter ni sacar sus vehículos para ir al trabajo, pues en la puerta se ha abierto ya una zanja o frente a la misma están tendidos los gruesos cables. La pregunta es: ¿y quién responde por estos contratiempos, tratándose no de obras públicas sino privadas? De ello, es obvio, debe haber estado enterado el ayuntamiento de la capital. Sin embargo, el asunto sigue en la opacidad total, sin que se tenga información precisa sobre las molestias que ocasionan a la ciudadanía y el tiempo que las mismas se mantendrán.
Amén de la indolencia y la ignorancia que permea en las autoridades locales, existe el riesgo de que, ante ello, los vecinos afectados recurran a exigir un pago por daños y perjuicios o, simplemente, detener las obras aludidas para evitar más molestias. Nadie está de acuerdo en las viviendas que tienen perforaciones enfrente a seguir con estas molestias y que las mismas se sigan llevando a cabo cuando la autoridad competente no da a conocer de qué se trata. Lo cierto es que, desde que iniciaron, ha sido una constante molestia para la ciudadanía, más aún para quienes transitan por ahí.
