Desde el domingo 4 de abril iniciaron formalmente las campañas políticas de partidos y coaliciones, para las diputaciones federales. Poco después, como mencionamos ayer, el ejecutivo estatal, los representantes del Instituto Nacional Electoral –INE-; el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana –el IEEPCO-, junto con delegados, comandantes y funcionarios de áreas de seguridad y justicia y otros, suscribieron el Pacto por un Proceso Electoral Cívicamente Responsable, encaminado, sobre todo, a evitar acciones de violencia y actos que empañen la civilidad que exige este proceso. Sin embargo, aparte de la violencia política que ya exhibió sus tentáculos en el acto de inicio de campaña de la candidata de Fuerza por México, por el distrito de la capital, hay un elemento que mucho se soslaya y es la calidad de las campañas. Tomemos en cuenta que al menos 8 diputados y diputadas federales en funciones, emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo, buscan la reelección. La pregunta es: ¿cuál será la oferta política, en su campaña de proselitismo, luego de un paso casi penoso por la Cámara federal?
Más de la mitad de legisladores y legisladoras acreditados en el Congreso del Estado buscarán, asimismo, la reelección. Otros han presentado su renuncia para irse como candidatos a diputados federales o presidentes municipales. Es decir, la idea es seguir en la ubre –como se dice en la jerga política- sin un antecedente que les acredite ante sus electores, al menos un desempeño decoroso en el cargo que recién desempeñaron. Sobre todo, cuando al menos en la Legislatura actual, no hay elementos de juicio para valorar un trabajo legislativo más o menos aceptable. La historia registra que, una vez que se obtiene el voto –y eso va para todos los partidos- quienes logran el triunfo, jamás vuelven a retribuir a sus electores el apoyo recibido. Negocios y no gestiones; cochupos y no la mejoría de calidad de vida en sus distritos, es lo que importa.
Repiten la historia de aquel político, avecindado en Oaxaca, hoy en retiro, que sin ser oriundo del distrito para el que lo postularon, dijo en Jamiltepec: “conózcanme, porque jamás volveré”. Ganó y lo cumplió. La ciudadanía, el pueblo como dicen los populistas, ya no sucumbe ante dádivas, ofrecimientos vagos o promesas. Ahí es donde se espera que los candidatos de partidos y coaliciones, apliquen su buen juicio y honestidad. Ni demagogia ni falsas expectativas. La realidad justa y llana.
Uso ilegal de programas
Durante el largo período del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al frente del gobierno federal y en los dos sexenios del Partido Acción Nacional (PAN), la reiterada denuncia de los partidos de oposición, principalmente el PRD, en donde abrevaron los que hoy están en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), era la de emplear programas de gobierno con fines electorales. Es decir, incluir a todos aquellos que eran beneficiarios de becas, programas de apoyo al campo o de combate a la pobreza, como si fueran rehenes del partido en el poder en la busca de votos, durante los procesos electorales. El fenómeno de rechazo y denuncia se fortaleció con el reconocimiento de Morena como partido político. Sin embargo, el tiempo ha mostrado que aquello de lo que éstos se quejaban antes, ahora son los más proclives a ese tipo de prácticas.
La semana pasada se difundió en redes sociales un audio, en el que un importante promotor del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca –adlátere de Morena- da instrucciones sobre el uso de la plataforma de programas sociales y aprovecharlos políticamente. Habla de “tiros de precisión”, al mencionar que su partido cuenta con nombres, apellidos y direcciones de los beneficiarios de programas destinados para “adultos mayores y “jóvenes construyendo el futuro”, entre otros, situación que pone en entredicho el ofrecimiento presidencial de que en este proceso se busque la legalidad, la imparcialidad y la equidad en la competencia. Ya se ha tratado de poner un dique a la infame tendencia de pretender utilizar la campaña de vacunación contra Covid-19 para afianzar en el ánimo ciudadano al partido que hoy tiene supremacía.
Resulta paradójico y hasta contradictorio que cuando estaban fuera del poder se lamentaran como plañideras y ahora que están dentro, simplemente finjan demencia. Por ello insistimos en que, de seguir usando los citados programas sociales con el fin de lograr el voto, es una forma ilegal que rompe con el obligado equilibrio que debe prevalecer el seis de junio, además de que, constituye un delito que debe ser perseguido de oficio. Ni Morena ni sus adláteres el Partido del Trabajo (PT) o el Verde Ecologista de México (PVEM), deben montarse sobre los mismos, olvidando que dichos programas se mantienen con los recursos del pueblo de México y no del gobierno. Los planes clientelares, políticamente susceptibles de ser utilizados, ya no deben ser más.
