El caso del homicidio de Victoria Salazar por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía Municipal de Tulum acaparó una buena parte de los espacios informativos de las últimas semanas. El caso de abuso policial tuvo una importante difusión en gran medida porque este fue documentado en video y porque la nacionalidad salvadoreña de Victoria Salazar crispó las relaciones internacionales de México (https://bit.ly/3mGGnNy).
Sin embargo, casi todos los días podemos encontrar en los medios casos de abuso policial. Desde homicidios, a desapariciones forzadas, extorsión, privación ilegal de la libertad y actos de tortura (e.g. https://bit.ly/3mzK6w9; https://nyti.ms/3d6w2Y5; https://bit.ly/2Q8KOEv; https://bit.ly/3wLtN3Z; https://bit.ly/2QcmnGp). Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no se cuenta con una videograbación que permita contar con testimonio fiel de los excesos que se amparan bajo la actuación de quienes, en teoría, son los encargados de salvaguardar derechos y mantener la paz social. Y aún cuando se tenga, se debe esperar que las fiscalías presenten una argumentación efectiva ante las instancias judiciales y no existan o se extingan presiones externas sobre los juzgadores o los ministerios públicos.
La sistematicidad de los casos no puede continuar siendo ignorada y debe ser atendida desde la raíz. El especialista en seguridad pública Ernesto López Portillo refiere con gran atino que cada vez que sale a la luz un caso de brutalidad o abuso por parte de las fuerzas del orden, la respuesta automática por parte de los liderazgos en las instituciones públicas es asegurar que habrá castigo a los responsables y que se emprenderá un programa de capacitación en materia de derechos humanos para la no repetición, acciones que sin embargo tienen nulo impacto en el desempeño de las policías (https://bit.ly/3d1Xbv0).
¿Por qué persisten los casos sistemáticos de abuso policial a pesar de décadas de divulgación en materia de derechos humanos e importantes avances en el desarrollo de protocolos de actuación? Existen una serie de incentivos internos y externos a las instituciones de seguridad pública que permiten la reproducción de estas conductas. Los estímulos otorgados por número de detenciones -sean estas justificadas o no-, lo salarios precarios, los perfiles de las y los elementos, las estructuras jerárquicas, la corrupción, la falta de justicia para los propios miembros de las fuerzas de seguridad, el uso político de las corporaciones y la opacidad que se mantiene dentro de las instituciones son algunos de los factores que perpetúan los abusos por parte de los uniformados (https://bit.ly/3mxDT3X; https://bit.ly/3t5ExrD; https://bit.ly/31YeZkq).
Los miembros de la marina y las fuerzas armadas, quienes desempeñan labores de seguridad pública a partir del inicio de la absurda “guerra contra el narcotráfico”, tampoco son ajenos a este tipo de casos, con la gran diferencia de que en sus actuaciones el índice de letalidad es mucho mayor (https://bit.ly/2Rnumkt; https://bit.ly/3mw5DG8).
No se trata de señalar que cada policía e integrante de la milicia comete actos de abuso o brutalidad, sino que a lo largo y ancho de las corporaciones los casos de abuso se contabilizan sin tregua y no se debe a “unas cuantas manzanas podridas”, sino al diseño sistémico de las instituciones y los poderes fácticos que las hacen posibles.
La única manera de poner fin al abuso es a través de una ya urgente reforma policial, que alcance desde el ámbito municipal al federal e incluya la participación del Ejército y la Marina en las tareas que deberían desempeñarse desde lo civil. Sí, ello implicará reformular los fines y objetivos de estas instituciones y su verdadero impacto en la seguridad pública, lo que sin duda será repensar el diseño operativo y político del Poder Ejecutivo (https://bit.ly/322okYs; https://bit.ly/3d1Xbv0). Para algunos descabellado, quizá, pero pretender diferente solo será simulación. Más descabellado continuar igual.
@GalateaSwanson
