Desde hace más de cuarenta años, la invasión ilícita de propiedades privadas ha sido el sino de malvivientes y delincuentes en Juchitán de Zaragoza, muchos de ellos arropados por la llamada Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI). Otros han sido protegidos por promotores y beneficiarios del PRI. Lo mismo han hecho con ranchos ganaderos que con predios, propiedad del gobierno federal o estatal. Igualmente entran a romper proyectos empresariales apropiándose de terrenos y casas inclusive, en las que penetran contraviniendo la ley y el Estado de Derecho. Antecedentes recientes registran la invasión del predio que ocupó la llamada Planta Impregnadora de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México, en donde un empresario originario de dicha ciudad istmeña había edificado cientos de viviendas de interés social. Nada detiene la invasión artera, cobarde y multitudinaria validada por partidos políticos y en abierto desafío a la ley de propiedad privada.
Según la denuncia pública del Sistema de Universidades Estatales (SUNEO), un grupo de al menos 60 personas invadieron la propiedad del campus universitario de Juchitán (UNISTMO), el pasado domingo 4 de abril, comenzando a dividirlo en lotes, algo muy común en estos invasores que, en lugar de procurarse una propiedad con el sudor de su trabajo, han tomado el camino fácil de la invasión ilegal. Insistimos, esto forma parte de una vieja historia de despojo que por ningún motivo debe quedar en la impunidad, pues nada justifica que aquellos que se asumen pobres o sin vivienda, atenten en contra de los espacios que ocuparán para su formación profesional, cientos de jóvenes estudiantes que habrán de acudir a la universidad regional de dicho sistema estatal.
El terreno en cuestión se ubica en jurisdicción de la agencia de La Ventosa. Es importante subrayar que ahí estuvieron tanto el presidente municipal con licencia de Juchitán de Zaragoza, Emilio Montero, como el agente de la comunidad. Se trata, según informan, de cerca de dos hectáreas de terreno que fueron invadidas, la cual, como ya hemos dicho, es un verdadero atentado no sólo a la educación sino al mismo derecho de propiedad. Un asunto tan delicado como éste, debe tener una respuesta enérgica de los órganos que procuran e imparten justicia. Que no nos vengan los invasores y sus promotores, con el cuento de que se trata de gente que no tiene dónde vivir. Aquí y en China, la invasión a propiedad privada se castiga con todos los instrumentos que la ley dispone.
Investigar ilícito
Como mencionamos el martes, el fin de semana pasado, la Sierra Sur, de nueva cuenta, se tiñó de sangre. Tres policías municipales de San Pablo Coatlán fueron emboscados, asesinados e incinerados por desconocidos. Este crimen no es cosa menor, habida cuenta de la inseguridad que prevalece en dicha zona y que, puede poner en serios problemas la vía a la Costa, en la que este gobierno ha puesto tanto empeño. Hay todo un historial de ilícitos, en la mayoría de los cuales, por cierto, los crímenes han quedado en la impunidad. En junio de 2018, el candidato a diputado local por Morena, Emigdio López Avendaño fue emboscado y ejecutado junto con 4 colaboradores, en la zona de San Vicente Coatlán, justo donde cinco policías estatales fueron también masacrados con armas de alto poder, a en noviembre de 2019. En enero de este año, por el mismo rumbo, tres jóvenes integrantes de la banda “Reyna Zapoteca” corrieron igual suerte. A lo largo de la historia, dicho territorio ha estado permeado por la violencia. Es decir, como si fuera una tierra de nadie.
Serán las autoridades quienes develen los posibles móviles de estos hechos criminales. Lo que sí preocupa es que grupos delictivos que han sentado por ahí sus reales, se conviertan en una amenaza permanente para automovilistas, transportistas y viajeros en general que transitan por esos parajes solitarios. Razones sobran pues, para reforzar la seguridad ahora que la citada vía carretera aún no se concluye. Además de la coordinación entre las corporaciones policiales federales, estatales y municipales. Si bien es cierto que la inseguridad y el crimen fustigan a todo el país, en virtud de una política errática para detener esta carnicería, con la anecdótica frase de “abrazos no balazos”, nada tan riesgoso para las instituciones de justicia y seguridad, dejar todo como está y en la impunidad este baño de sangre. Oaxaca –y mucho hemos insistido en ello- no es ni mucho menos, la entidad segura en la que se regodean los funcionarios. Hoy, con nuevos mandos, urge fortalecer su compromiso con la sociedad.
Que no sean las estadísticas y mediciones las que mediaticen la labor institucional. Hay mucho por hacer. Homicidios y feminicidios están a la orden del día. Al menos nos reconforta que el nuevo Fiscal General, Arturo Peimbert, ha empezado a abrir la Caja de Pandora de expedientes en reserva, de brutales casos de feminicidios, a los que dolosamente no se les concedía relevancia. Y está actuando. Esperemos que dicha labor continúe. Los oaxaqueños esperamos resultados.
