La semana pasada trascendió que –ahora sí- asumiendo su papel como órgano jurisdiccional garante de la legalidad en todo lo que compete a los procesos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), había dejado firme la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), para que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), deje de utilizar los programas sociales del gobierno federal, como pivote de su campaña proselitista para la jornada del próximo 6 de junio. Uno de los ejes en los que dicho partido se ha clavado, es en torno a la campaña de vacunación contra Covid-19, asumiendo ésta como un beneficio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su partido: Morena. Esta situación nunca vista en el país, debe terminarse. Sin embargo, pese a la resolución del máximo tribunal en materia electoral en el país, la publicidad perniciosa continúa como si nada, tratando de sorprender la buena fe de la ciudadanía.
Las denuncias al respecto han circulado desde hace meses. Es algo inédito en la vida pública del país que un partido en el gobierno y con mayoría en el Congreso federal, pretenda agenciarse lo que por ley le compete a la Federación, como si ello fuera una gratuita concesión o una tabla de salvación que el actual régimen le lanza al ciudadano para salvarle la vida. He ahí el por qué la campaña de vacunación no es operada por la Secretaría de Salud (SSA) y sus similares estatales, sino por la Secretaría de Bienestar. Es decir, agregar a los programas clientelares del gobierno de López Obrador la vacuna anti Covid-19, situación que ha llevado a las representaciones estatales de dicha dependencia federal –como ya lo mencionamos en días anteriores- a que la vacunación sea un desastre, como la calificó el gobernador Alejandro Murat.
Esperamos pues, que el TEPJF aplique las sanciones respectivas y que el partido aludido se deslinde de esta campaña tendenciosa que, contra derecho, ha llevado a cabo. La vida de los mexicanos no puede ser rehén de ambiciones políticas y aspiraciones electoreras. En el marco constitucional está bien establecido que la salud de la ciudadanía es una responsabilidad del gobierno, su salvaguarda y protección. Ni en los peores momentos de los regímenes neoliberales, ni en los peores escenarios de la Mafia del Poder, una campaña de vacunación se había acreditado a un partido y a un gobierno.
Nada qué celebrar
Hace 83 años se llevó a cabo la llamada Expropiación de la Industria Petrolera, luego de que el presidente Lázaro Cárdenas, asumiera como Jefe de Estado, la decisión de hacer de la riqueza del subsuelo del país patrimonio de los mexicanos. El costo fue brutal, aunque el pueblo se volcó en apoyo a uno de los presidente más queridos e íntegros de México. Poco después habría de nacer una de las empresas paraestatales más prósperas de la post-revolución y una de las más rentables, hasta los últimos años en que Petróleos Mexicanos (Pemex), se sumergió en una espiral de corrupción y nula rentabilidad. Entre las malas administraciones y un sindicato catalogado como altamente corrupto, esa riqueza se fue al vacío.
Según fuentes consultadas, el 18 de marzo de 1938, el presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos. El decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of México, la Compañía Petrolera El Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias
Desafortunadamente, del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, las cosas no han mejorado. Las pérdidas que ha tenido Pemex son enormes. Ha sido, a lo largo de la historia, un barril sin fondo de corruptelas, manejos erráticos y saqueo. El gobierno de la 4T puso como director a alguien que no tiene ni el perfil ni la capacidad para sacar adelante a la paraestatal y, con certeza, las cosas no habrán de mejorar con la famosa Refinería “Dos Bocas”, que se ha convertido en una obsesión del presidente de México.
