En la comparecencia de hace poco más de un mes ante el Congreso del Estado, el Secretario General de Gobierno, Francisco García López, mencionó la existencia de al menos 400 organizaciones sociales y grupos que están de manera constante amagando, amenazando o presionando al gobierno estatal. Hay un rosario de grupos violentos como el Frente Popular Revolucionario (FPR), Sol Rojo, el Frente “14 de junio” o el Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), entre otros, cuyos dirigentes perviven alargando la mano y exigiendo el oro y el moro. Cuestión nada más de imaginarse la forma en la que son recibidos en las oficinas gubernamentales, en donde los líderes manotean, gesticulan, gritan, ante funcionarios temerosos que, para evitar bloqueos carreteros o toma de oficinas, simplemente doblan las corvas.
En realidad, el magro presupuesto destinado a obras sociales, tiene que pulverizarse. Cada una de dichas organizaciones ya tiene hasta su agenda de movilizaciones. Saben cuándo presionar y cuándo no. Les llenan las alforjas a sus dirigentes que, en connivencia con legisladores (as) federales o locales, cuentan con constructoras y contratistas. Imponen las prioridades que a veces no corresponden con la realidad. Sin embargo, han creado un clima de terror oficial que, el hecho de no ponerles una mesa de diálogo o simplemente ignorar sus exigencias, es una sentencia contra el funcionario. Esa relación gobierno/organizaciones sociales, se ha pervertido tanto que no es un secreto que, en la Secretaría de Finanzas, ya tienen asignado su presupuesto, con el que lucran dirigentes y cercanos. Es decir, más que los presidentes municipales, depositarios legítimos de la voluntad ciudadana manifestada en urnas o asambleas comunitarias, los cabecillas de dichas organizaciones y grupos, acaparan los recursos.
El asunto es que, el gobierno estatal debe buscar ya un mecanismo que evite que los recursos asignados a obras sociales lleguen a los directamente beneficiados y no a través de intermediarios. La llamada lucha social está prostituida en Oaxaca. Nadie medianamente cuerdo cree que quienes las encabezan sean en realidad íconos de la lucha contra la pobreza o héroes que así porque sí, se cubran con el manto protector de las causas de los pobres. Lo hemos visto, la mayoría son farsantes que lucran con las demandas y exigencias de quienes menos tienen. Pero lo aprovechan, por el miedo que provocan en las esferas del poder local.
La disputa por los recursos
La ignorancia, la falta de capacitación y la supuesta autonomía municipal han sido motivo de graves controversias y descalabros a la gobernabilidad. Las administraciones municipales deben ser orientadas en torno al uso o abuso de los recursos que les son ministrados, tanto de las participaciones estatales como de los Ramos 28 y 33, para evitar confrontaciones y disputas con las agencias municipales. Muchas protestas, marchas, bloqueos carreteros y otros, tienen como origen la negativa de los presidentes municipales a entregar los recursos que les corresponden en su jurisdicción. Por ejemplo, hace algunos días, vecinos de al menos diez agencias municipales y de policía tomaron el palacio de Matías Romero. Hubo enfrentamientos, heridos, golpes, etc. Y lo que ya es común, cobrarle a la ciudadanía los platos rotos de un funcionario o edil torpe, que no ha entendido su papel.
Desde que pobladores de San Juan Mazatlán, Mixe cerraron la carretera Transístmica durante diez y desataron una ola de protestas y exigencia de aplicarles la ley, el gobierno estatal ha tenido claro que la disputa por los recursos que llegan a los municipios, son hoy y serán siempre, motivo de controversias, amenazas y chantaje. Desgraciadamente ya no es fácil resolverlas por la vía del diálogo y la conciliación. Hay una lección mala pero ya bien aprendida: sólo con bloqueos y presión se puede ablandar al gobierno. Es decir, el chantaje por encima de todo. Los efectos pues en la gobernabilidad, por un tema particular y local, se convierten en un serio desafío. El Congreso del Estado ha sido omiso en este tipo de situaciones pues lamentablemente nuestros representantes populares, sólo atienden aquello que les otorga alguna rentabilidad, o política o económica.
Aunque el tema del chantaje y los bloqueos carreteros se han exacerbado en la zona istmeña en los últimos tiempos, es una práctica cotidiana en todo el estado. No hay pues una política que conmine a los ediles, sean electos por partidos o sistemas normativos internos, a conducirse con legalidad en el tema del reparto de los recursos. Sigue la discrecionalidad y el regateo, que lo único que generan es un repudio generalizado de la sociedad que, cada día ve con mayor preocupación, que vengan a la capital o lo hagan por todo el estado, y nos sometan con mecanismos de chantaje por cuestiones netamente locales, de las que los afectados son ajenos.
