El “Caso Mariana” conmocionó a la comunidad médica y al país en general. El hecho de que una joven estudiante de medicina que realizaba su servicio social en una comunidad rural de Chiapas fuera asesinada, luego de haber denunciado hostigamiento sexual y solicitado su traslado a otra clínica, responde a un fenómeno complejo y multidimensional: por un lado, la crisis de violencia presente a lo largo y ancho del país, materializada en los ataques directos en contra de las mujeres, cobijados por un esquema socio-cultural patriarcal y machista que se acentúa en comunidades alejadas de las urbes; y por otro, la insuficiencia e inoperancia de los instrumentos jurídico-institucionales a través de los cuales se pretende resolver las diferentes problemáticas que existen al interior de la sociedad mexicana y que históricamente, sólo han funcionado como paliativos, es decir, no resuelven nada, sólo lo postergan.
El escenario que vivió Mariana –previo a su asesinato– es análogo a la situación por la que atraviesan miles de médicos y médicas que trabajan en comunidades rurales e indígenas y que, tomando en consideración que Oaxaca es uno de los estados con mayor presencia de dichas comunidades, la situación se vuelve adversa para el gremio. Aunado al hecho de que los hospitales tienen carencias en términos de equipamiento, insuficiencia de personal, salarios bajos, escasez de medicamentos, etc. todo ello en un entorno donde se habla una lengua indígena, donde la forma de entender el mundo se contrapone a la visión médica cientificista y donde las prácticas culturales suponen que los médicos jóvenes son inexpertos y más aún, las mujeres jóvenes. En suma, se convierte en el caldo de cultivo ideal para que surja el conflicto y que las instituciones brillen por su ausencia.
¿Por qué enviar a jóvenes médicos practicantes a comunidades alejadas? Porque supone un ahorro de costos, ya que no se les paga de la misma manera que a un médico en forma, lo cual genera la siguiente pregunta: ¿es acaso que las necesidades médicas de las comunidades rurales e indígenas no son tan “importantes” como las de las urbes como para que tengan un médico de cabecera? ¿no es necesarios prestar “tanta atención” ni gastar recursos en dichas comunidades? La respuesta institucional es no, sin embargo, el hecho que cuenten con un menor índice de población, que su forma de vida sea distinta a la de las ciudades o que cuenten con prácticas culturales alternativas no implica que sus necesidades sean menores.
Ahora bien, luego de que se hiciera noticia el Caso Mariana, se puso sobre la mesa de discusión la situación precaria que viven las y los jóvenes que prestan su servicio social en comunidades, así como las adversidades que encuentran para el ejercicio de su profesión y la inseguridad que experimentan. El descontento fue generalizado, ya que hubo protestas a nivel nacional. Es ahí donde se visibiliza la inexistencia de garantías institucionales para las y los jóvenes médicos: ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales los prestadores de servicios profesionales en el ámbito de la salud pueden resolver las deficiencias propias de su ejercicio y las problemáticas que, como seres humanos, insertos en un sistema social, enfrentan?
En conclusión, el Caso Mariana visibiliza una realidad preocupante: las carencias del sistema de salud; la ineficiencia y sordera institucional para resolver problemáticas concretas; el constante choque de las comunidades rurales e indígenas con otras formas de vida; la “sentencia” que supone ser mujer en México y; finalmente, el olvido de los prestadores de servicio social por parte del sistema de salud y del engranaje institucional. Todo ello en un contexto de pandemia. Un escenario aterrador para cualquier joven estudiante de medicina; para nuestros futuros médicos.
(Politólogo por la UNAM) [email protected]
