a semana pasada se volvió un escándalo mediático, el tema del Informe General de la Cuenta Pública, 2019, del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, presentado por la Auditoría Superior de la Federación al Congreso de la Unión. En el mismo aparecían dos cifras importantes: una por 67 mil 498 millones de pesos, referente a desvíos, falta de comprobación o de solventar, de programas sociales y proyectos del actual régimen y la otra por 331 mil millones 996 pesos, que corresponde al presunto quebranto económico por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México –NAIM-, que significa un 232 por ciento, arriba de lo estimado por el actual gobierno. Sin embargo, sólo bastó una descalificación mañanera del presidente López Obrador y el manejo de, “yo tengo otros datos” –aunque nunca se digan los mismos ni cuáles son las fuentes- para que el mismo día, la dependencia, presuntamente autónoma, diera marcha atrás. Esto es, afirmó que se podrían haber exagerado los datos o el mal uso de la metodología, poniendo en entredicho el trabajo serio, responsable e imparcial, que le han caracterizado y cuyos informes anteriores, hoy mismo, mantienen en prisión a ex funcionarios del gobierno pasado.
Se ha hecho ya una nota cotidiana en el desolladero político mexicano, que cada cuando el presidente no está de acuerdo con una información, la descalifica de inmediato. O arremete en contra de los medios y periodistas que manejan el tema. Y hasta excesos nunca vistos en este país, como el hecho de afirmar que los abogados que estuvieran en contra de la propuesta de reforma energética que recién se aprobó, eran traidores a la Patria, poniendo en la picota una de las profesiones a las que le dio una visión histórica, uno de los íconos de la Cuarta Transformación: don Benito Juárez. Para nadie es un secreto que el presidencialismo mexicano está a todo lo que da. Uno a uno, se han ido doblegando los llamados órganos autónomos.
De seguir la Auditoría sometiéndose a los designios autoritarios, el pueblo mexicano debe estar alerta ante el retorno de un poder omnímodo, que seguirá luchando contra la corrupción, pero con prácticas poco transparentes y discrecionales. Y que la lucha de hace dos décadas sobre la transparencia y el derecho a la información, sólo será simple anécdota de un pasado que quiso que la sociedad civil, el ciudadano común, pudiera exigir la rendición de cuentas. Eso ya no será posible. Así de simple. Bofetada a la democracia.
Justicia versus linchamientos
En Oaxaca, como en algunas entidades del país, ya forman parte de la cultura popular, los juicios sumarios a presuntos asesinos y ladrones que terminan en linchamientos. Hace al menos tres décadas ocurrió en Tehuantepec, con sujetos señalados de haber asesinado a un médico en San Blas Atempa. Pronto fueron detenidos y recluidos en la cárcel municipal. Una turba los sacó a rastras, los amarró e incineró vivos. Fue nota nacional el salvajismo de la justicia por propia mano. Fotos de cuerpos humeantes aparecieron en los diarios de la capital del país y el estado. Se han dado muchos casos más. En noviembre de 2017, habitantes de San Mateo Macuilxóchitl, Tlacolula, capturaron e incineraron a tres ladrones en el basurero municipal. Antes, en septiembre de 2016, un sujeto que pretendía robar una casa en Santiago Matatlán, fue detenido, golpeado hasta la muerte y, posteriormente incinerado. Las autoridades ministeriales levantaron un cuerpo calcinado sin identificar.
Durante el movimiento político y social del 2006, las bandas de raterillos quisieron aprovechar la falta de vigilancia policial para hacer de las suyas. Vecinos de diversas colonias y del Centro Histórico colocaron mantas con advertencias. Varios ladrones fueron detenidos en flagrancia. Algunos fueron liberados a tiempo. La semana pasada, 21 delincuentes, sobre todo adictos, fueron detenidos y mantenidos en la comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones en Tehuantepec. Hasta ahí llegó una turba a tratar de liberarlos para lincharlos. Por fortuna, la Fiscalía General del Estado actuó de inmediato y con prudencia.
Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta conducta criminal que subyace en ciertos sectores de la sociedad y que no pocas veces deriva en homicidios de inocentes? Creo que son varios factores. Es la poca confianza que existe en las instituciones de seguridad y justicia. En principio, el soslayo de la lacerante inseguridad que se vive. Ejecuciones, homicidios dolosos, feminicidios, sólo forman parte de estadísticas. Por otra parte, el sistema llamado acusatorio adversarial, se ha convertido en una puerta giratoria. La falta de una cultura de la denuncia va en función de un sistema de justicia blando. De no estar bien integrada la carpeta de investigación; de no seguirse el debido proceso, un delincuente confeso o aún detenido en flagrancia, puede ser liberado por el juez. Y ahí están las consecuencias derivadas de la justicia por propia mano.
