Una gran indignación se ha diseminado no sólo entre los diversos sectores sociales sino aún en ciertos partidos políticos, a raíz de hechos lamentables como es la ejecución del presidente municipal de Chahuites, Leobardo Ramos Lázaro, el pasado jueves 4 de febrero. Si bien es cierto que será la Fiscalía General del Estado (FGEO), aquella que luego de una exhaustiva investigación llegue a dar con los móviles y responsables de dicho asesinato, lo que se ha puesto en tela de juicio es el discurso de odio y encono de ciertos actores políticos, en su carrera desenfrenada por conseguir prosélitos y posicionarse en el proceso electoral que estamos viviendo. A lo que vamos es a lo siguiente. Inmediatamente después del crimen del edil de la citada comunidad limítrofe con el estado de Chiapas, circuló un video, en el que aparece el diputado federal y coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), en la Cámara de Diputados federal, Gerardo Fernández Noroña, en una visita a la comunidad, el domingo 31 de enero, haciendo señalamientos graves y arengando a los seguidores de su partido, a arremeter en contra del edil.
Con calificativos como corrupto, pobre diablo, pedorro y de pocos cojones, el referido “Lord cubre-bocas” arremetió impunemente y sin recato alguno. Se trata de una acción que las autoridades electorales no deben pasar por alto, dado que es un desafío no sólo para la anhelada civilidad que se espera para la jornada electoral del próximo 6 de junio, sino además, por lo que señalamos en este mismo espacio el pasado jueves: hay una tendencia de parte de este legislador y su compañero de partido y bancada, Benjamín Robles Montoya, de convocar a asambleas, mítines y demás, sin respetar las medidas sanitarias que han dispuesto las autoridades sanitarias. Más aún, pues sus discursos están llenos de odio y resentimiento, algo que dicho legislador ha hecho común en su desempeño legislativo y en la vida pública.
Nada es tan peligroso en estos tiempos, cuando la ciudadanía trata de discernir sus mejores opciones políticas y votar por ellas, que escuchar llamados a la violencia política y alentando no la competencia madura y civilizada, sino la crítica y las descalificaciones que sólo crean confusión y hacen a nuestras comunidades vivir en un permanente estado de confrontación y odio entre hermanos. Las autoridades tienen la palabra ante un hecho tan deleznable.
Peligrosa escasez
La Procuraduría para la Defensa del Consumidor (Profeco) y otros organismos oficiales deben estar muy al pendiente de los abusos que se están cometiendo en la comercialización del oxígeno para usos terapéuticos y tener bajo la lupa a las empresas que distribuyen dicho producto, hoy tan solicitado para enfermos que lo requieren. Abusar, especular e incrementar los precios a niveles tan elevados como la necesidad, representa una conducta criminal que debe ser motivo de sanción. Escenas como las que hemos visto que ocurren en la Ciudad de México, en donde hay que pasar horas o días enteros frente a las empresas que lo distribuyen y comercializan, para dar un poco de alivio a los pacientes enfermos de Covid-19, se empiezan a presentar en Oaxaca. En principio, no es fácil conseguir el preciado producto y, para hacer más grave la situación, éste cuesta o dos tres veces más del precio habitual.
La semana pasada, en una de sus pocas iniciativas que hay que aplaudir, la LXIV Legislatura del Estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno estatal abastecer de oxígeno a las familias que tengan pacientes en casa, a fin de evitar, justamente, caer en manos de especuladores y oportunistas. Lo que procedería sería aprobar un decreto que castigue con cárcel a quienes, en estos momentos de contagios y muerte por la pandemia, lucran con el dolor y la tragedia humana. Ello, de ninguna manera puede justificarse. Y nos referimos a los citados negocios, hospitales privados, clínicas o farmacias. De igual manera a aquellos negocios de cremación o inhumación que pretendan sacar ventaja de la crisis mortal que estamos viviendo en México y en Oaxaca.
Esperamos que la distribución del vital elemento, no caiga en manos de grupos criminales como en otras partes del país, en donde delincuentes sin escrúpulos asaltan los vehículos que transportan el preciado oxígeno para obtener ventajas económicas con su comercialización ilegal. Eso representa el colmo y algo que los tres órdenes de gobierno no deben permitir. Que se castigue con todo el peso de la ley a aquellos que lucran con la vida y salud de la ciudadanía, en busca de una ventaja económica. Cualquier medida que las autoridades tomen para acabar con la especulación, los altos costos y la explotación del dolor humano, debe ser objeto de sanción y castigos ejemplares. Nada, absolutamente nada justifica una conducta que se beneficie de los que sufren de manera directa o indirecta de este mal mortal.
