El pasado jueves, en el marco de la Glosa por el IV Informe del gobernador Alejandro Murat, compareció ante la Comisión respectiva de la LXIV Legislatura del Estado, el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) Javier Lazcano Vargas, para precisar, sistematizar y ampliar la información del área a su cargo, ante los representantes populares. Inició su comparecencia al señalar que pese a la crisis mundial por la que atravesamos, por la pandemia, la actual administración ha respondido con obras y recursos, con el fin de impulsar el desarrollo de la entidad, el empleo y la economía. En efecto, nadie ignora que el rubro de la construcción es un detonador importante en la generación de empleos directos e indirectos, además, con repercusiones a nivel social, dado que el abanico de obras de infraestructura –caminos, carreteras luz eléctrica, obras de agua potable, etc.- tienen un impacto directo sobre el nivel y la calidad de vida de la sociedad.
Hay que recordar -y aquí lo hemos abordado en este espacio editorial- que uno de los grandes vacíos en el régimen de Murat Hinojosa, ha sido su programa de obras. Sin embargo, los datos que aportó el funcionario ante los legisladores locales revelan que las que se han llevado a cabo, han cubierto un importante espectro de las necesidades y prioridades de los oaxaqueños. Caminos y carreteras han impactado positivamente al mejorar la conectividad de las comunidades, uno de los rezagos históricos del estado. Con un presupuesto global de mil 271 millones de pesos, Sinfra lleva a cabo 72 obras de electrificación; 67 de pavimentación, además, por supuesto, de 144 obras de infraestructura educativa y otras de agua potable, alcantarillado, construcción de mercados o rehabilitación de edificios históricos. Todo ello, a través de los órganos sectorizados a la dependencia, como Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO); la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado De Oaxaca (Inpac).
Una buena noticia es que la dependencia ya canaliza recursos para la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, la firma de convenio con Banobras como aportación federal para la liberación del derecho de vía para el Libramiento Sur y para el proyecto del Centro Cultural Álvaro Carrillo se invierten 69.31 millones de pesos para la demolición y elaboración del proyecto ejecutivo, así como para el Centro de Congresos de Huatulco. Éstos son sólo algunos de los proyectos que el gobierno de Murat Hinojosa pretende llevar a cabo en lo que resta de su administración.
Tráfico de tierras y complicidades
La Costa oaxaqueña, específicamente Puerto Escondido, ha sido un paraíso de vivales que, aprovechando la buena fe –o la ignorancia de muchas personas- siguen lucrando con terrenos y propiedades. Los lugareños están sorprendidos de la impunidad con la que operan abogados y despachos, devenidos verdaderos capos de los bienes inmuebles, operados a través de redes de complicidad que implican a servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y de fedatarios públicos. Éstos, es un secreto a voces, que lucran con el fiat de la fe pública que les otorgó el gobierno estatal, coludiéndose con delincuentes de cuello blanco. La expropiación ilegal de predios ya no es un misterio en Puerto Escondido. Se hace a la luz del día y ante la parálisis de las autoridades. Pareciera que la Costa Esmeralda oaxaqueña fuera una tierra de nadie, en donde la ley es sólo un artificio.
En este tráfico de propiedades, los principales beneficiarios han sido extranjeros que hoy tienen sus mansiones en la franja costera, incluso, invadiendo zona federal. Sin embargo, cuando se investiga a quién pertenece la propiedad, resulta que el nombre que aparece es el de una persona que nada tiene que ver con la misma, más que formar parte de una red cuasi criminal. Ya es común escuchar que Puerto Escondido es una especie de paraíso del tráfico ilegal de propiedades, en donde verdaderas mafias siguen operando a través de una red de prestanombres. Es más, conocidos abogados, protegidos por sus despachos tienen hasta guardias blancas para dar cobertura a sus operaciones ilícitas, entre las que figuran indiscutiblemente los notarios, que con su conducta vulneran el fiat de la fe pública y algunos servidores públicos de áreas que tienen que ver con la propiedad.
Ante este panorama de irregularidades, de ilegalidad, bien haría el gobernador Alejandro Murat en disponer de una investigación a fondo sobre este tema tan escabroso, sobre todo, poner bajo la lupa de los órganos de justicia a personajes que, de la noche a la mañana se asumieron propietarios de una parte de las tierras de la Costa oaxaqueña. ¿Cómo llegaron a eso? No es difícil saberlo. Pero no tienen ni antecedentes de vecindad ni herencia familiar en la zona. Son simples advenedizos que, a través de engaños y prácticas corruptas, hoy se asumen como los terratenientes de horca y cuchillo.
