Desterrar Manejo Discrecional

MULT y MULTI se Cuestionan
Agobia Covid-19 a Autoridades

Si bien, el uso electoral de los programas sociales es delito grave, la actuación de muchos funcionarios federales exhibe lo contrario. Lejos de abstenerse de realizar proselitismo político y a conducirse con imparcialidad y equidad en todo momento, repiten los mismos vicios del pasado. De ahí la importancia de que tales actos al margen de la ley sean castigados para que no haya impunidad ni complicidad para nadie.

En esta nueva administración federal, donde un día sí y otro también se pregona que ya no se tolera la corrupción, la sociedad oaxaqueña espera que se sancione cualquier tipo de conducta constitutiva de un delito electoral de parte de los servidores públicos. Hoy se pide que trabajen con estricto apego a los principios constitucionales que rigen el servicio público, es decir, legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.

El ánimo debe ser prevenir y evitar que la operación de los programas sociales o sus recursos públicos influyan en la equidad de las contiendas electorales de 2020 y 2021. Por eso el compromiso de indagar presuntos actos ilícitos de la delegada de los programas federales Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, para deslindar responsabilidades y evitar que se repitan los mismos vicios de siempre.

Por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y con aprobación del Poder Legislativo Federal, el uso de programas sociales con fines electorales y los actos de corrupción ahora son delitos graves, de acuerdo con una reforma al artículo 19 de la Constitución que entró en vigor el 13 de abril de 2019, luego de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

… A VUELO DE PÁJARO

Al concluir los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 correspondientes al Cuestionario Básico, México cuenta con 126 millones 014 mil 024 personas que residen en México, 51.2 % corresponden a mujeres y 48.8 % a hombres. La edad mediana en nuestro país es de 29 años y ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial. En Oaxaca, la población es de 4 millones 132 mil 148 habitantes y existen 91 hombres por cada 100 mujeres.

Confrontados

Aumentan de tono las acusaciones entre las organizaciones triquis, pues mientras el MULTI que encabeza Macario García Merino, informó que los bloqueos en Santiago Juxtlahuaca, la capital del estado y la Ciudad de México continuarán hasta lograr el ingreso de corporaciones de seguridad a Tierra Blanca Copala y solucionar el conflicto, el MULT sostiene que esta agrupación chantajea al gobierno con bloqueos para no firmar el acuerdo de paz. Posiciones encontradas que no ceden y que podrían desbordarse en cualquier momento. Urge resolver el conflicto no administrarlo.

Radicales

Debido a que los contagios de Covid-19 van al alza, varios ayuntamientos han decidido adoptar medidas radicales para evitar su propagación. Tal es el caso del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, en la región Mixteca, que determinó encarcelar a todo aquel ciudadano que no porte cubrebocas; además de acordar suspender actos que generen aglomeración de personas, entre ellos, actos cívicos, religiosos, comerciales y de cualquier otra índole. Prohibieron el expendio de bebidas alcohólicas, actividades en el mercado municipal y el cierre de negocios hasta las 17 horas. En los últimos días y víctimas del virus murieron el presidente municipal de Santa Catarina Loxicha, Leonilo Ruiz; los síndicos municipales de Mazatlán Villa de Flores, Aristeo Filio González y el de Ixtlán de Juárez, Arturo Pérez. Así como José Yolando Jarquín Bustamante, presidente municipal de Xitlapehua.

Defensores

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el homicidio del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) Fidel Heras, ocurrido el pasado 23 de enero y solicitó medidas cautelares. Pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas para garantizar su integridad. Demandó a la Secretaría de Seguridad Pública rondines de vigilancia del tramo de la agencia municipal Paso de La Reina a la cabecera de Santiago Jamiltepec, y el paraje la Esperanza, sitio donde ocurrió el ataque.