La semana pasada, en un acto público al que se dieron cita funcionarios estatales, federales, representantes de las Fuerzas Armadas, legisladores, organismos empresariales y medios de comunicación, entre otros, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, presentó el Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022, un documento que, como ya hemos dicho, representa: “una hoja de ruta que guiará las acciones del gobierno para mejorar las condiciones de vida de las y los oaxaqueños en los próximos seis años”.
El PED representa la mejor oportunidad para revertir las deficiencias en las que ha estado sumido nuestro estado durante muchos años -dijo el ejecutivo estatal-. “Significa una oportunidad para convertirse en el mejor motor para nuestro desarrollo y de nuestra calidad de vida”, recalcó. Y detallo uno a uno los ejes que constituyen el PED, así como las políticas transversales que se enfocarán en los pueblos originarios, impulsando acciones que contribuyan en mejorar las condiciones de vivienda, salud, educación y economía de la población indígena y afromexicana. Subrayó que se trata de un instrumento que proviene de la participación de cientos de personas en representación de instituciones académicas, universidades, cámaras empresariales, asociaciones civiles, funcionarios públicos y legisladores federales y estatales.
Murat Hinojosa no perdió la oportunidad de tener a todos ahí reunidos para hacer una severa llamada de atención y leerles la cartilla a quienes integran su gabinete legal y ampliado. “El funcionario que no dé resultados, no tiene lugar en este gobierno y haré los ajustes que sean necesarios para avanzar en la dirección y velocidad que merece Oaxaca”. Subrayó que los cambios no son malos, son para mejorar y ésa será la premisa de su gobierno y lo ha sido desde el primero de diciembre, cuando asumió el mandato.
Y reconoció que: “Debemos de asumir que necesitamos de todos, como gobernador estoy listo para asumir el liderazgo que me toca, de dar la cara, de enfrentar, pero no puedo solo, necesito de todos”, admitió ante cientos de invitados especiales y representantes de medios de comunicación”. Es decir, invitó a los oaxaqueños a mantener una actitud corresponsable y solidaria con su gobierno, pues no es trata de cargarle toda la responsabilidad al gobierno. Más bien, sociedad y gobierno deben formar un binomio indisoluble para resolver todos los problemas que competen a los oaxaqueños.
Acciones contra derecho
El problema de la basura se ha politizado de manera burda. Un asunto que debió haberse resuelto de una vez luego de que un grupúsculo se apropiara prácticamente de un bien público, se ha ido difiriendo de manera perniciosa. Ver a nuestra capital convertida en un estercolero es una afrenta a los derechos civiles y a los más elementales principios de la convivencia social. Por diez días los camiones recolectores de basura no han circulado para recoger los desechos que se generan a diario, pues un grupo de personas se ha empecinado en violentar la ley.
Es obvio que no se trata de un asunto que competa al gobierno de José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez -quien por cierto hizo apeló a la sociedad a adoptar una cultura cívica respecto al reciclaje- sino a la Secretaría General de Gobierno. Pero ésta, en lugar de manejar el asunto con dureza se ha ido por los lugares comunes de privilegiar el diálogo, que ha sido prácticamente tiempo perdido por la cerrazón con la que los menos, se han obstinado en afectar los derechos de los más. Es un insulto al sentido común, ver al Centro Histórico convertido en zahúrda, ante la negativa de una caterva de delincuentes.
Algo que ha indignado a la ciudadanía es que por el temor a dañar el proceso electoral del año que viene, no se hayan tomado las medidas pertinentes para aplicar la ley. Insistimos: no se puede hablar de diálogo cuando una de las partes adopta una postura cerrada, en la que no caben ni entienden razones. El gobierno estatal ha sido demasiado complaciente con grupos y organizaciones de la agencia Vicente Guerrero, que sólo aspiran a establecer entre sus pobladores un nuevo cacicazgo, igual o peor al que mantuvo el defenestrado Francisco Martínez Sánchez, conocido como “Pancho Mugre”, hoy prófugo de la justicia.
Pero tampoco el Estado debe ser cómplice de aquellos que para echarlo fuera, tuvieron que incendiar viviendas y vehículos sin recibir castigo. Es decir, de ninguna manera poner las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión como si fueran monedas de cambio para la apertura del tiradero de basura. No nos cansaremos de insistir en que Oaxaca necesita, en ciertos aspectos y con ciertos actores, mano firme y no el manido argumento de que se privilegia el diálogo. Ya es tiempo de que las cosas cambien y no sigamos arrastrando el estigma de ingobernables.
