Proyectos eólicos, mineros, así como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) amenazan la tranquilidad y los recursos naturales de territorios indígenas, denunciaron organizaciones no gubernamentales.
Esta semana, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) reiteró el rechazo de la población al nuevo intento de explotación de yacimientos mineros en la zona de la congregación comunal de La Cristalina.
En un desplegado público cuestionó la concesión otorgada a la empresa canadiense Minaurum Gold por parte del actual gobierno federal, toda vez que en caso de permitirse la explotación afectaría gravemente la porción sureste del territorio comunal.
Minaurum Gold ha realizado labores de exploración desde 2018 en un terreno de 7,310 hectáreas en las que busca extraer oro, cobre y plata bajo el proyecto Santa Marta.
Ambientalistas y habitantes de las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec se han opuesto a la mina a cielo abierto, cuya concesión tendría una duración de 50 años que culminaría hasta 2058 y piden la intervención de autoridades antes de que genere actos violentos.
La exploración minera directa puede tener un alcance de perforación de 20 unidades de barrenación en el proyecto Santa Marta, el cual es rechazado por los pobladores de la región Istmo.
De igual manera, representantes de la comunidad indígena de Unión Hidalgo presentaron en París una demanda civil en contra de la empresa de energía eólica Electricité de France (EDF) por violación a los derechos humanos.
Lo anterior se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas y es acompañada por la organización Prodesc y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).
Solicitan la suspensión del proyecto eólico que se pretende operar en el Istmo, hasta que la empresa EDF cumpla su obligación de respetar los derechos humanos. Este proyecto, denunciaron, genera la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas.
A lo largo de la presente administración federal, integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) han mostrado su rechazo a la implementación de megaproyectos, sin el consentimiento de los pueblos, en especial en el denominado Corredor Interoceánico.
En una misiva dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes forman parte de la campaña El Istmo Es Nuestro repudiaron “las políticas indigenistas y al conjunto de megaproyectos de muerte, etnocidas y ecocidas, como son el llamado Corredor Interoceánico y el mal llamado Tren Maya”.
Acusaron al actual gobierno federal, de complicidad con las trasnacionales a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que encabeza el oaxaqueño Adelfo Regino Montes.
Señalaron una abierta violación a los derechos colectivos establecidos en instrumentos internacionales, firmados y ratificados por el gobierno mexicano, al imponer un proyecto sin el aval de las comunidades indígenas.
