El pasado viernes 6 de noviembre seguimos con atención la sesión del Consejo General del INE, en la que se sometió a consideración un proyecto de acuerdo para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021, con el objetivo de hacerlo efectivo en su dimensión horizontal; es decir, se determinó que en la renovación de las 15 gubernaturas que estarán en contienda el próximo año, los partidos políticos postulen un máximo de 8 de un mismo género.
Los antecedentes del gran paso democrático que se dio el viernes pasado, los encontramos en la reforma constitucional en materia política y electoral de 2014, en la que por primera vez se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, y el año pasado con el establecimiento de la “Paridad en Todo”, es decir, en los tres órdenes de gobierno, los órganos autónomos y los sistemas normativos.
La consejera Carla Humprey, implacable promotora de la paridad, escribió hace unos días que el origen del mencionado acuerdo surgió a partir de una solicitud de una ciudadana aspirante a candidata a gobernadora por el estado de Michoacán, de organizaciones sociales como 50+1, Mujeres en Plural, Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional, Litigia, y Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, quienes han trabajado incansablemente en este sentido, así como con base en un Amicus Curiae enviado y signado por egresadas y egresados de la VII promoción de la maestría en derechos humanos y democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y 152 personas aliadas.
Y es que con la reforma de Paridad acertadamente el feminismo mexicano tuvo prisa por asegurarse de que su aplicación se hiciera efectiva para los comicios 2021. Demasiado hemos esperado las mexicanas, desde el tardío reconocimiento de nuestros derechos políticos en 1953, para lograr una participación verdaderamente representativa. Hoy podemos decir que la paridad en todo va sin tibiezas ni regateos, progresiva pero contundente.
Resulta irrisorio, aunque predecible, que una cúpula partidista tradicionalmente androcéntrica haya evidenciado su rechazo a través del exhorto que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República dirigió al INE, intentando frenar el acuerdo bajo el argumento de que se estaba “extralimitando” sus funciones. Por supuesto que no, la realidad es que el INE hizo valer su autonomía fungiendo como órgano garante de la legalidad de las elecciones y en este sentido, dando estricto cumplimiento a los avances constitucionales antes mencionados.
La paridad es una acción afirmativa que deriva de la desigualdad que por siglos había perpetuado el andamiaje jurídico e institucional del sistema político mexicano. Todavía en el informe de la ONU del 60 aniversario del voto de las mexicanas, la apremiante más importante se señalaba en el ámbito estatal y municipal, ¿y cómo no? Si en la historia “democrática de nuestro país, tan sólo ha habido siete gobernadoras electas en las urnas y dos más designadas de carácter provisional. En total nueve mujeres, frente a los 344 hombres que han ocupado la máxima silla ejecutiva en las entidades federativas. A todas luces injusto, ilógico e insostenible por más tiempo.
Mis felicitaciones a las y los Consejeros del INE, especialmente a Carla Humprey y Adriana Favela, por su ardua labor sorteando las resistencias del patriarcado que todavía se resiste, aunque cada vez más débil y con menos argumentos, a que el 52 por ciento de la población que somos las mujeres nos veamos representadas en posiciones de poder clave, como son las gubernaturas. Sin duda, los pasos que se han dado en este año en materia de paridad y de violencia política, son el parteaguas histórico de una nueva etapa para la democracia mexicana.
