El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” acusó que el Juez Primero de Distrito con sede en Jalisco, dictó auto de libertad a favor de un ex agente ministerial acusado de la desaparición forzada de los eperristas, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez.
De acuerdo con un documento firmado por este grupo de familiares de las dos personas, entre ellas Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo, el día 6 de octubre fueron notificados acerca de la decisión de dictar auto de libertad a uno de los 7 detenidos.
Se trata de Albino S. O., en contra de quien la jueza no encontró los elementos suficientes para consignarlo por el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con la información que difundió este comité, Albino S., “era agente ministerial de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR) en el 2007, grupo especializado formado por el exprocurador Evencio Nicolás Martínez, para investigar a grupos revolucionarios y disidentes”.
“Según las investigaciones, Albino junto con más policías, además de los que ya se encuentran detenidos, estuvieron presentes en el momento en que Gabriel y Edmundo fueron detenidos y desaparecidos, por lo que se tendrá que investigar ampliamente a esta persona, antes de dictar su auto de libertad por este tema, quien además es importante mencionar, se encuentra detenido ya en Veracruz, pugnando una condena de 30 años de prisión, por actos de delincuencia organizada desde el 2010”.
Los familiares solicitaron la impugnación de esta determinación; “consideramos que es necesario investigar a fondo su responsabilidad en los hechos, así como todo lo que éste sabe en relación a la desaparición forzada de nuestros familiares”, manifestó el comité.
En este proceso, indicaron que sigue sin ser detenidos el exprocurador Evencio Nicolás Martínez y Pedro Hernández Hernández, “quienes aprovechando de las redes de corrupción y complicidad con las que cuentan en el Estado de Oaxaca, fueron avisados de las órdenes de aprehensión, antes de que éstas se ejecutaran, hecho que permitió que huyeran y actualmente se encuentren prófugos”.
Por eso, exigieron la investigación y destitución de aquellos servidores públicos en activo que resulten responsables de filtrar esta información.
