Diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Morena presentaron una iniciativa con la finalidad de establecer la obligación de las instituciones públicas de salud estatal de proceder a la interrupción del embarazo, sin discriminación, en forma gratuita, accesible, aceptable y de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca, cuando la mujer interesada así lo solicite.
El proyecto adiciona el Capítulo VII de la Interrupción Legal del Embarazo, Artículos 70 BIS, Artículo 70.TER, Artículos 70 Quater y el Artículo 70 Quinquies a la Ley Estatal de Salud.
En la exposición de motivos destaca que la salud es uno de los derechos humanos más relevantes, pero que en Oaxaca aún no se logra su plena vigencia, ya que en los servicios de salud públicos con que se cuentan no proporcionan la atención, ni los servicios médicos necesarios en todas las comunidades, siendo las comunidades indígenas en específico las mujeres las más desprotegidas y a las que la atención les llega después y con muchas carencias.
Destaca que en la entidad oaxaqueña, el aborto es una problemática de salud pública que ha ido en aumento, según cifras oficiales al año se registran un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos.
Además añade que por cada aborto registrado, existen cuatro no registrados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 abortos anuales, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
La diputada Magaly López, señaló que a un año de haberse reformado el Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo, están pendientes algunas reformas y adiciones a la ley Estatal de Salud, para que la maternidad sea una decisión libre, oportuna e informada.
Expuso que la maternidad forzada deshumaniza y pone en riesgo a las mujeres, “sobre todo aquellas que no tienen los recursos para acudir a clínicas particulares en donde tal vez el servicio sea de mejor calidad”.
Entre las propuestas que incluyen la iniciativa, destaca que la Secretaría de Salud estatal, debe diseñar un protocolo de atención para las mujeres que acuden ante las instituciones de salud tanto públicas y privadas, a solicitar la interrupción legal del embarazo en las primeras doce semanas, el cual deberá tomar en cuenta el contexto sociocultural de las mujeres indígenas y afromexicanas oaxaqueñas.
