Las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil sentenciaron que es inaceptable que a más de cuatro meses del inicio de la contingencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno del Estado de Oaxaca no haya hecho pública la información de los planes, programas o acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos.
En total, son 21 estados los que no transparentan la información, por lo que no se puede consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando al menos el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor.
“Aunque con diferentes niveles de información y de apertura de datos entre los 11 estados que sí publican, se han ejercido más de 4 mil 500 millones de pesos en contrataciones por Covid-19”, señala Transparencia Mexicana y Tojil.
Apenas el 29 de mayo, las autoridades estatales anunciaron mediante un comunicado, la adquisición de 150 ventiladores mecánicos con una inversión de 200 millones de pesos, sin especificar a qué empresa lo compraron.
En Oaxaca carece de información detallada que permita la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas a partir de la pandemia, “22 gobiernos estatales y el Gobierno Federal publican información sobre programas y acciones en el marco de la emergencia, aunque no en todos los casos publican reglas de operación, el presupuesto asignado y su avance”, detalla el informe.
Las organizaciones civiles señalan además la ausencia y hasta omisiones de los Congresos en términos de fiscalización, ya que, en la emergencia, los órganos legislativos, entre ellos el de Oaxaca, no han usado su facultad de fiscalización a los poderes ejecutivos en términos de seguimiento al uso de recursos para atender la emergencia y mitigar sus efectos.
“De los 34 órganos legislativos, sólo dos han activado mecanismos de fiscalización. Los congresos de Sonora y Coahuila activaron comisiones de vigilancia. Sonora, además, es el único estado que ha activado una auditoría especial para vigilar los recursos ejercidos por Covid-19”.
