Hace exactamente una semana alrededor de las tres de la mañana, un grupo de agentes del Comando de Operaciones Especiales ingresó al Reclusorio Oriente acompañados de los comandantes de la guardia y custodia penitenciaria con la misión de llevarse a Roberto Moyado Esparza, El Betito; David García, El Pistache, y Óscar Flores, El Lunares, supuestos jefes de La Unión Tepito a centros federales.
Estos, viviendo en el segundo piso del área de ingreso, en la llamada “chiquí zona”, espacio de “máxima seguridad” dentro del penal, contaban con seguridad propia del penal –a manos de otros internos de su grupo delictivo-. Dicho traslado se manejó con toda secrecía por parte de las autoridades ya que, de enterarse del traslado por medio de sus redes de corrupción dentro del reclusorio, podrían ampararse o generar un disturbio mayor dentro y fuera del centro penitenciario.
El traslado a un penal federal es una pesadilla para quien permanece privado de la libertad. La simple amenaza de ser trasladado es suficiente para generar un pánico colectivo dentro de los penales locales. La “libertad” que se vive dentro de la gran mayoría de los penales estatales se ha convertido en una oportunidad para seguir operando actividades criminales para quienes así lo desean, por lo cual albergar internos de alto perfil se ha vuelto un riesgo no solo para la operatividad de los reclusorios locales, sino para la seguridad de la ciudadanía fuera de ellos.
La necesidad del traslado de todos quienes habrían participado, incluido Juan Manuel Torres, El Vaca, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, Omar García Harfuch, así como de los cuatro sujetos mencionados anteriormente, evidencia lo ineficiente que se ha vuelto tener cárceles como las que tenemos en México ya que, de ninguna forma, recluir a un presunto criminal dentro de penales estatales, garantiza la seguridad de las y los mexicanos. Desde adentro se siguen operando todo tipo de actos delictivos.
Hay un enorme abismo entre los penales estatales y un centro penitenciario federal. La existencia de cárceles federales es ejemplo claro de que, es posible tener centros profesionalizados y funcionales. El problema, casi siempre en lo local, es que no suele haber voluntad política.
La cruda realidad de la capacidad operativa que tienen los grupos delictivos en México obliga a los estados y la federación a usar la inteligencia penitenciaria para desmantelar a los grupos y frenar las actividades ilícitas operadas desde los centros de reclusión.
La falta de segregación de miembros de carteles en los centros, representan oportunidad perfecta para que sus miembros puedan articularse, planear y ejecutar crímenes. La corrupción del sistema es la red tejida dentro y fuera que, alimentada con la falta de control de las infinitas visitas familiares y de amigos, que posibilitan la planeación y puesta en marcha de actividades delincuenciales. La ingobernabilidad es la verdadera puerta giratoria de quien, o necesita salir o requiere entrar a los centros.
El traslado de los sujetos mencionados líneas arriba, tras el atentado contra Omar García Harfuch es un mensaje claro para los grupos delictivos. Representa un golpe preciso de las autoridades que buscan frenar las actividades delictivas en los centros de reclusión. Para terminar con buena parte de la delincuencia, es urgente entender que, de no haber inteligencia ni control dentro de las cárceles, seguirán los actos violentos en las calles. García Harfuch vive para contarla, muchos otros ya no.
Twitter @saskianino
