La pandemia y los riesgos de contagio no han sido suficientes para aminorar el cada vez más preocupante ritmo de crecimiento de la violencia e inseguridad en el país.
Se pensaba que con la amenaza latente de la propagación del virus, México entraría en una situación de relajamiento de los grupos delincuenciales y que, tal vez, la situación se tornaría en problemas intrafamiliares, por las horas de convivencia y asilamiento del exterior.
Eso parecería la normalidad de las cosas, aunque la realidad nos muestra otra cara, con explosiones de ilícitos de todo tipo que van desde las ejecuciones, el secuestro, los asesinatos y algunas otras manifestaciones de violencia.
Mientras crecen en forma acelerada los muertos por COVID-19, también lo hacen los asesinados en diversas partes del país y lo peor de todo es que no son los crímenes que algunos clasifican como producidos por la rivalidad entre los grupos delincuenciales.
En las semanas recientes, además de la violencia se reproduce por causas diversas y lo mismo se lanzan a las calles decenas de personas para protestar por el asesinato de un ciudadano a manos de policías, que sujetos armados entran a una casa y ejecutan en ella a un juez y su esposa, mientras que en otro, un militar de alto rango (general brigadier) es secuestrado, al tiempo que desaparecen personas.
Todo esto sin dejar de lado la aparición de cuerpos de ejecutados, vinculados, supuestamente, al crimen organizado y policías son asesinados.
Está explosión de la violencia se da en los peores momentos de la pandemia, cuando la atención parece centrada en la emergencia sanitaria y los saldos que dejará el COVID-19 en otros terrenos, salud, economía y política.
Los temas de la violencia y la inseguridad existente en México habían pasado a segundo plano, hasta que el asesinato mansalva del juez federal, ocurrido en Colima, despertó todos los sentidos y puso en alerta a la sociedad, aunque pareciera a que no a los entes gubernamentales.
El juez asesinado, Uriel Villegas (su esposa, Verónica Barajas, también fue asesinada en el mismo evento), fue ejecutado dentro de su casa, en un claro ejemplo de una venganza que hace ver la mano del crimen organizado.
Pero la delincuencia no se encuentra asentada en un solo estado o región, sino que abarca distintas entidades del país. En Puebla un general fue secuestrado, aunque se consiguió su liberación, mientras que en Jalisco, ocho personas fueron privadas de su libertad y en Michoacán y Guanajuato se recrudece la ola de violencia.
A la par de ellos, la violencia policíaca se expande y el nerviosismo impera. En Jalisco y en Oaxaca, elementos de seguridad locales privaron de la vida a ciudadanos, lo que exaltó el fervor de los pobladores de esas zonas con repercusiones en otras partes del país.
Todo esto sucede, sin que en ninguno de los tres niveles de gobierno se consiga frenar la expansión violenta o se garantice la seguridad de sus habitantes.
La violencia e inseguridad siguen siendo una constante en toda la república, sin importar el estado del que se trate.
Seguramente la satisfacción de lo hecho por la actual administración gubernamental de Puebla abarca solamente a Luis Miguel Barbosa, ya que si le preguntan a los habitantes del estado dirán que no están conformes con su actuación. Barbosa trató de lucirse ante el Presidente López Obrador afirmando que en materia de seguridad y lucha contra la corrupción se encuentra satisfecho, cosa con la que discrepan los poblanos.
Inquietud en MORENA por la disputa entre dirigentes del partido, especialmente la de Alfonso Ramírez Cuéllar con Yeidckol Polevnsky, la que puede repercutir con mayor gravedad al inicio del año electoral, previsto para el mes de septiembre.
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