Aunque la Mixteca es la región con el mayor número de municipios y agencias con cierre de accesos y caminos para hacer frente al Covid-19 y evitar su propagación, representa la segunda jurisdicción sanitaria con mayor incidencia en casos positivos y la tercera en defunciones por este padecimiento.
Según registros de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), hasta el 30 de abril la Mixteca tenía 33 municipios y agencias con cierre de caminos, a diferencia de los cuatro de la Cuenca, cinco de la Cañada o los 10 de Valles Centrales.
Sin embargo, solo después de la jurisdicción de Valles con más de 80 casos positivos de Covid-19, la Mixteca tiene 29, a diferencia de los 21 de Tuxtepec, 22 del Istmo, hasta el domingo.
De los decesos, la Mixteca representa la tercera jurisdicción con cuatro casos, solo después de Valles con 10 y Tuxtepec con 5.
Ante este cierre de caminos y otras medidas implementadas por autoridades municipales y estatales como parte de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Defensoría solicitó a los municipios de la entidad y al gobierno del estado, implementar acciones para contener la pandemia con sustento legal, objetivamente necesarias según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos, respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen, además de evitar ser espontáneas, arbitrarias y/o discriminatorias.
Bernardo Rodríguez Alamilla, titular del organismo estatal, pugnó porque las estrategias adoptadas por las diversas autoridades en la entidad para atender la contingencia, respeten los derechos humanos bajo los principios de no discriminación, transparencia y respeto a la dignidad humana.
Resaltó que la jurisprudencia internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la local y diversas normatividades, establecen que las personas tienen el derecho de disfrutar del derecho al más alto nivel posible de salud y obliga a los diferentes entes gubernamentales a establecer estrategias para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quienes la necesitan.
Consideró que las respuestas institucionales que debe adoptar el Estado para prevenir, controlar y atender la propagación de la pandemia Covid-19, deben ser aquellas que indique la autoridad sanitaria, pues es el ente especialista en la materia.
