La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no localizó los domicilios fiscales de dos empresas en las que participa un mismo socio, a las que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adjudicó dos contratos para obras de reconstrucción por los sismos de septiembre del 2017 por un monto de 150 millones 505 mil 200 pesos.
Por lo anterior el órgano fiscalizador, en su tercera entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2018, inició una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a estas empresas.
La primera de ellas es Construcciones y Arquitectura Popo Vuh, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CAP150923NMA, con domicilio fiscal en Avenida de las Etnias No. 117, Piso 2 C03, Colonia Reforma, Oaxaca, Oaxaca, C.P.
68050; y la segunda es Arquitectos y Constructores Donají, S.A. de C.V., con RFC ACD150924IV1, con domicilio fiscal en Ixtacomitán No. 562, Colonia Centenario, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29025, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La revisión de los domicilios fiscales se dio luego de que la ASF comprobó que la Sedena no revisó la información del domicilio que declararon los proveedores en cada contrato, para efectos de recibir notificación.
“En los contratos SDN/ VIIIRM/ 46ZM/ 2018/ 06/ 037 y SDN/ VIIIRM/ 46ZM/ 2018/ 01/ 036, por un total de 150 millones 505 mil 200 pesos, de dos obras realizadas en el estado de Oaxaca, los proveedores no se localizaron en los domicilios señalados al SAT y a la Sedena; al respecto, los vecinos indicaron desconocer la existencia de esas empresas; asimismo, se identificó que ambos proveedores participan con un mismo socio”.
La ASF emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no evidenciaron la entrega por los proveedores, de las garantías de cumplimiento de los contratos.
Estos contratos, por 59 millones 622 mil 800 pesos, se refieren a obras de reconstrucción realizadas en Oaxaca, en donde no se aplicaron las garantías de cumplimiento por el 10 por ciento antes del Impuesto al Valor Agregado.
