La exigencia de justicia por el ataque con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ha derivado en la reiterada petición de familiares, de la liberación de una orden de aprehensión contra quien, aseguran, es el autor intelectual. Hasta ayer, las instancias no habían confirmado que ésta exista.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), dieron a conocer ayer que no existe una orden de aprehensión librada en contra del exdiputado priista J. A. V. C.
Sin embargo, otras fuentes revelaron que, en efecto, existe una orden de aprehensión contra quien la familia señala como el autor intelectual del ataque, pero señalaron que las instancias pertinentes “no han querido revelar”.
Dichas fuentes, dieron a conocer que sí existe dicha orden y que, por esa razón, la persona señalada acudió ante el Juez Federal Cuarto de Distrito y, pagando una garantía de 3 mil 500 pesos, obtuvo un amparo a su favor.
A raíz de dicha situación, el 3 de enero de este año, Silvia Ríos Ortiz, hermana de la víctima, se pronunció para condenar el amparo otorgado ante “actos privativos de libertad”, por alguna orden de aprehensión que pudiera existir en contra del también empresario gasolinero y propietario de radiodifusoras.
Con respecto a la difusión en redes sociales, de que el exdiputado cuenta con una orden de aprehensión en su contra, la familia de la víctima dijo no tener una confirmación oficial de parte del Tribunal, ni de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
LA AGRESIÓN
El ataque ocurrió la mañana del 9 de septiembre pasado. Una persona del sexo masculino acudió al domicilio de María Elena Ríos, y le roció un ácido en el rostro y parte del cuerpo.
Tras solicitar el apoyo de elementos de seguridad y primeros auxilios, fue trasladada a una clínica de este municipio, por elementos de Cruz Roja Mexicana (CRM) delegación Huajuapan.
Personal de seguridad, que recabó los elementos de prueba para entregarlos a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, informó que todo indicaba que la agresión “iba directo a ella”.
Por las heridas, fue trasladada al hospital general Dr. Aurelio Valdivieso y, tras las gestiones del Gobierno del Estado, ingresada hasta el 13 de diciembre al Hospital Nacional de Rehabilitación para quemados, con sede en la Ciudad de México.
Tras ese lapso, la familia, que por temor a represalias, había preferido no dar declaraciones al respecto, rompió el silencio y declaró a diversos medios de comunicación que han recibido amenazas, por lo que piden que se esclarezca la situación y se castigue al o a los responsables material e intelectual.
