Durante el periodo 2014-2016, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo gastó 22 millones 163 mil 245 pesos para el pago de telefonía celular a la empresa Radio Móvil DIPSA, posesionaria de Telcel. Sin regulación y a discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo estatal, los contratos de adjudicación de servicios de telefonía se otorgaron a la empresa. Actualmente, tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como en la Ley Estatal de Adquisiciones se mantiene como prerrogativas de la administración estatal el pago de este servicio.
De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Administración, el gobierno estatal erogó por el pago de servicios de telefonía celular para funcionarios públicos, 8 millones 833 mil 344 pesos en 2014; siete millones 303,201.52 millones en 2015 y seis millones 26 mil 700 pesos en 2016. En promedio, cada mes se gastaron 633 mil 235 pesos por el servicio de telefonía y transmisión de datos en números telefónicos asignados a integrantes del gabinete, mandos altos y medios.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia 00410117, elaborada por el coordinador de Servicios y Mantenimiento de la Secretaría de Administración, Jaime López González, la administración de Alejandro Murat ha disminuido el pago por contratos de telefonía celular a 17 mil 271 pesos en el primer semestre de 2017. El actual gobierno ha firmado únicamente dos contratos para la asignación de dos líneas telefónicas, dos por un monto mensual de dos mil 999 pesos y una por 799 pesos, está última contratada a partir de junio pasado.
La secretaría rechazó informar si estas líneas están asignadas al titular del Poder Ejecutivo estatal acogiéndose a lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 12, 16 y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.
En contraparte, en la segunda mitad del gobierno de Gabino Cué erogó 736 mil 112 pesos mensuales durante 2014. Enero fue el mes de 2015 y 2016 en el que el pago fue mayor, con 673 mil 555.46 y 608 mil 555 pesos, respectivamente.
Pese a los recortes federales a los presupuestos de las entidades federativas anunciados a principios de año y los consecuentes planes de austeridad empleados por diversos gobiernos, el Congreso del Estado no ha analizado aún establecer una prohibición al pago de servicios de telefonía celular para funcionarios públicos.
Entre otras dependencias que cancelaron el pago de este tipo de servicios, se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE).
