Desde hace al menos diez años, el zócalo de la capital oaxaqueña está prácticamente secuestrado por grupos y organizaciones que, por las causas que sean, se han apropiado prácticamente de ese espacio común de los citadinos. O son los indígenas de la etnia triqui, presuntamente cautelados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) o son organizaciones sociales que regentean el comercio en la vía pública o sempiternos dirigentes del comercio ambulante, que lucran con los espacios comunes. El caso es que nuestro sitio vital de convivencia; el corazón de la capital, que fue sitio de reunión durante todo el Siglo XX, es hoy en día, rehén de grupos facciosos y líderes venales y corruptos. Sin embargo, por lo que se percibe, así seguiremos ante la parálisis gubernamental para recuperarlo y la apatía ciudadana de conformidad con el estado de cosas.
Ya es común que tanto visitantes del país como del extranjero, incluso los propios oaxaqueños que han estado ausentes, busquen visitar el Centro Histórico, la Catedral o acudir a los mercados a comer. Es una tendencia común. Sin embargo, sólo pasar por el zócalo y ver las lamentables condiciones en las que se encuentra generan indignación y repudio. Las quejas no se han hecho esperar. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cómo fue y por qué perdimos esa parte de nuestro patrimonio citadino? Sin duda, aquí se combinan dos cosas y actitudes: la abulia gubernamental para desalojar a quienes se han posesionado de dicho espacio común y, por la otra, la apatía ciudadana, que simplemente ha admitido el estado de cosas. Ni grupos empresariales, ni organismos de la sociedad civil, colegios de profesionistas o mercaderes, han levantado la voz para exigirle al gobierno estatal y municipal, acciones enérgicas al respecto.
Entre algunos funcionarios del gobierno estatal se escucha que en torno a los triquis ya se tiene lista una demanda ante al Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para echar abajo las famosas medidas cautelares, con las que dichos indígenas se protegen para seguir usurpando un espacio que pertenece a la ciudadanía. Empero, nada se ha hecho. ¿Qué esperan, además de estar constantemente evadiendo la responsabilidad de aplicar la ley, por miedo a llevar el estigma de represores y carniceros? Es esta actitud poco institucional lo que ha generado la confianza de quienes tienen secuestrado el referido espacio, confiados en que nadie los tocará.
¿Un órgano débil?
Hace al menos un par de semanas, ciertos diputados (as) locales señalaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), como una instancia débil. En realidad no les hace falta razón. Que se sepa, de los más de 170 municipios que están en la mira por no haber entregado su documentación probatoria adecuada del uso de los recursos públicos, se desconoce de acciones enérgicas al respecto. Desde hace años, con dos o tres casos excepcionales de ediles que pisaron la prisión, se desconoce de algo similar. Los mismos pueden hacer de los recursos que tienen a su disposición, lo que les plazca. Adquirir vehículos ostentosos, remodelar palacios municipales a placer, desviar recursos para su beneficio, etc. Nadie les pone un alto. Y de hecho no lo han hecho.
La corrupción en los ayuntamientos del interior del estado está a todo vapor, en principio porque nadie ha capacitado a los tesoreros o regidores de hacienda para rendir cuentas y, luego, porque no hay una cultura de rendición de cuentas. Los ediles, electos tanto por el sistema de partidos como de sistemas normativos internos, se asumen sencillamente intocables. Salen raspados de sus gestiones y, a veces exhibidos ante sus paisanos, pero nadie les finca responsabilidades, justamente por lo que decimos líneas arriba, no hay una política para exigirles cumplir la ley, ante organismos débiles o convenencieros. Hay que recordar que en el pasado, cuando los ediles salían mal en las cuentas, en la entonces Auditoria Superior del Estado (ASE), se las cuadraban, para evitar observaciones o procesos resarcitorios.
Hay que admitir que a la fecha nada se sabe de ello. Es más, aquel mensaje de inicio de sexenio de llevar ante la justicia a los saqueadores del gobierno pasado, simplemente pasó a la historia. Pareciera que hubo algún arreglo, salvo con el ex titular de la Secretaría de Salud, cuya reclusión se advierte más como venganza política que conforme a lo que dispone la ley. Las corruptelas pues, en los ayuntamientos del estado podría seguir, ante un órgano débil que no procede ni actúa con los elementos que la ley le ha puesto a disposición. Es importante subrayar que, según la opinión de funcionarios menores de la OSFE, dicho órgano es una lucha sorda entre el Auditor General y los Sub-auditores. El primero llegó con su grupito de chiapanecos, que laboran media semana, en tanto que los otros los hacen toda la semana. Conflictos internos y diferencias hacen del citado órgano un membrete.
