El pasado domingo se dio un hecho en realidad preocupante: el homicidio de una pareja de ancianos, en pleno Centro Histórico. Se trata del asesinato de un conocido empresario del transporte y su esposa, perpetrado presuntamente en la madrugada del 8 de diciembre. Con certeza, la Fiscalía General del Estado ha realizado ya los estudios periciales in situ, de este ilícito lamentable. Desde luego que no es el primer caso que se da en la capital, aunque con ciertas especificidades, hay otros casos, que han encendido las luces amarillas de la ciudadanía. Sin embargo, se desconocen los móviles, que con certeza habrán de aparecer cuando se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. No omitimos mencionar que el doble asesinato que mencionamos al principio, creó un efecto severo en las redes sociales.
En un país ciertamente flagelado por la violencia, hechos como el mencionado no son una especie rara. Son parte del escenario cotidiano. Se pueden hacer una y mil conjeturas, con el grave riesgo de equivocarnos en nuestras apreciaciones. Lo que sí es cierto es que –insistimos- Oaxaca está muy lejos de ser una de las entidades más seguras del país, de lo que se habla con frecuencia en los discursos oficiales. Tuxtepec es hoy en día el teatro criminal por excelencia. En promedio se da una ejecución diaria. Los grupos criminales no vienen de Veracruz. Ya están en la región de la Cuenca, imponiendo su ley de sangre y muerte. Y han diversificado sus acciones criminales a otros rubros, como es el caso del abigeato. Prueba de ello fue el enfrentamiento entre una banda de ladrones de ganado y la Policía Estatal, hace poco más de una semana, en dicha zona.
El Istmo de Tehuantepec no ha bajado en términos de homicidios dolosos. Hace unos días, los cadáveres de dos personas, entre ellas un homosexual, fueron encontrados a un lado de la carretera de cuota entre Salina Cruz y Tehuantepec. Las huellas de tortura, atados de manos y pies, son la señal indiscutible del crimen organizado. Los hechos de esta naturaleza se viven a diario desde esta zona hasta los límites con Chiapas, en donde ya es común una especie de toque de queda y homicidios al por mayor. Sin embargo, la escasa vigilancia policial, la posible colusión y complicidad con los malandros, deja a la población en la total indefensión. El derecho de cobro de piso ya es una institución sin que nadie pueda acotarla.
Una acción plausible
Una de las acciones de grupos, organizaciones sociales, comuneros, indígenas, maestros, normalistas, vividores, porros y otros, que más repudio han logrado de la sociedad, manifestada en redes sociales, es la toma de las casetas de peaje. Más ha sido, la ceguera del gobierno federal y la apatía del estatal. Es nota diaria el secuestro de la caseta de Huitzo, hoy por dos hampones que dirigen “Colonias Unidas”, mañana por normalistas de Tamazulapan del Progreso o por infinidad de grupos y membretes. El atropello se exacerba en épocas vacacionales. Operadores del transporte de pasajeros, transportistas, automovilistas que arriban o salen de la entidad, son materialmente agredidos, extorsionados con cuotas muy por encima de las oficiales. La mayoría de atracadores van armados de palos o machetes, con los que intimidan lo mismo a turistas que a oaxaqueños que pasan por ahí.
Las quejan han sido constantes. Enfrentarlos es poner en riesgo no sólo la unidad que se conduce sino la misma vida. Las denuncias han estado a la orden del día. Miles de usuarios se han quejado ante autoridades sordas y omisas. Hasta hace unos días, una de las especies más comunes que circulaban era que, por ser las carreteras responsabilidad de la Federación, debería ser la Guardia Nacional la institución que procediera al desalojo. No pocos cuestionaban la omisión del gobierno estatal, habida cuenta de que los abusos se cometen en su territorio y la mala imagen afecta a una de sus industrias poco más rentables: el turismo. Y en ese intercambio de supuestas responsabilidades siempre se pecó de abulia, dejando el ilícito en la impunidad y a los viajeros en indefensión ante este atropello cotidiano.
Por fortuna, la queja llegó finalmente al gobierno de Alejandro Murat. Y fue la Secretaría de Seguridad Pública, con elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, quienes acudieron a la citada caseta de Huitzo, a la medianoche del miércoles 4 de diciembre a desalojar a los rijosos y beligerantes atracadores. Se trata de una acción de Estado inédita y plausible que, seguramente, servirá para quienes han hecho de la toma de casetas su modus vivendi. Sin embargo, consideramos que una vez no basta. Es necesario que, a través de la presencia permanente o eventual, se otorgue seguridad a los paseantes que vendrán de vacaciones en el período decembrino. Y la autoridad competente, en este caso, el Ministerio Público de la Federación, debe integrar las carpetas correspondientes para que dicho delito no se repita.
