Conflicto permanente
El pasado domingo, de nueva cuenta, la comunidad chatina de Santiago Yaitepec, por enésima ocasión, cerró la carretera que conduce al Santuario de Santa Catarina Juquila. El argumento de que durante 48 horas haría un tequio en la zona conocida como “El Pedimento”, no es fortuito. Se trata de afectar a su vecina, dado que en esta temporada arriban miles y miles de peregrinos provenientes de varios estados del país, en vísperas de la fiesta patronal de la Virgen de la Concepción, el próximo 8 de diciembre. Es decir, darle en el aspecto económico, habida cuenta de que el turismo religioso es el principal sustento de Juquila.
Es evidente que hay manos perversas que mueven a los chatinos, históricamente catalogados como reacios a suscribir acuerdos y mucho menos, respetarlos. De poco sirvieron los buenos oficios del gobernador Alejandro Murat durante su visita en el mes de mayo, cuando acudió a Yaitepec a dar un tequio. Hay que recordar que nada más salió de la comunidad y un grupo de vecinos retuvo de manera ilegal a más de 60 funcionarios del gobierno estatal que permanecieron privados de la libertad, hasta que el ejecutivo estatal retornó a la comunidad a solicitar su liberación. Insistimos: lo único que aquí debe proceder es la aplicación de la ley. Sin discriminación ni afán peyorativo: no asumen los acuerdos ni los pactos con responsabilidad. Se trata de una comunidad que está actuando con dolo y mala fe, justamente porque en otra temporada, la Semana Santa, hizo exactamente lo mismo.
Según datos diseminados a través de las redes sociales, ya hay personas lesionadas. Los juquileños están molestos y con justicia y llegaron en caravana a la entidad para pedir justicia, paz y segruidad. No ven acciones concretas de parte de las autoridades estatales para darle una solución si no definitiva, al menos de largo plazo al conflicto con Yaitepec, quien se ha convertido en una constante amenaza para la paz social es esa zona de la Sierra Sur y Costa. Son pueblos que sólo esperan que alguien prenda la mecha para enfrentarse. Se trata de un conflicto ancestral atizado por líderes y también miembros de la Sección 22, que buscan lograr ventajas de tipo económico y político. Seguir con el cuento de diálogo y más que diálogo, a sabiendas de la beligerancia de la comunidad chatina es pecar de ingenuidad. Los habitantes de las dos poblaciones exigen al gobierno acciones concretas que les aseguren una estabilidad y paz social permanentes.
Soslayo legislativo
De poco han valido los constantes recordatorios que a través de este medio impreso se le ha hecho a la Comisión legislativa correspondiente, respecto a la urgente designación de un nuevo comisionado para el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), que ocupe la vacante del ex comisionado Juan Gómez Pérez, que dejó el cargo desde el mes de agosto. Es evidente que la composición de dicho órgano garante no puede alterarse dejando sólo dos comisionados, sino que deber ser integrado por tres elementos para poder cumplir el papel que la ley le mandata. Esta situación ha dejado entrever que no solamente a nivel nacional se ha dado una escalada en contra de los órganos autónomos, sino también a nivel local. La omisión legislativa para ponerse de acuerdo huele mal, no obstante que la comisión la presida una legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
En efecto, en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se ha dado en los últimos tiempos una escalada en contra de ciertos órganos autónomos. El primero en recibir el golpe fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el presupuesto para 2020, se asesta un golpe severo al Instituto Nacional Electoral (INE), con la consecuente reducción de su presupuesto, amén de la serie de descalificaciones por parte de personeros y títeres del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el más importante órgano garante de la transparencia y la rendición de cuentas, ha recibido de parte de los mismos, una andanada de críticas y denuestos. El pueblo mexicano, tan fracturado y enconado en estos tiempos, no ha acabado de discernir el peligro que entraña la desaparición o extinción de los órganos autónomos. Es un fatal retroceso en la vida democrática.
Se espera que con el reciente cambio en las presidencias de la Mesa Directiva y en la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Estado, se desahogue la agenda pendiente, habida cuenta de que el primer período de sesiones mostró que no hay oficio político mucho menos vocación de servicio en nuestros (as) flamantes populares. Uno de esos puntos pendientes de discutir y aprobar es, justamente, la designación del nuevo comisionado del IAIP. Para que este órgano cumpla con su papel de garante de la rendición de cuentas, hace falta que su estructura esté completa.
