Ya es parte del anecdotario oaxaqueño, la reiterada mención de funcionarios del gobierno estatal, cada que en la Cámara Federal se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de echar las campanas al vuelo para festinar el “presupuesto histórico que nos han asignado”. Poco se ha dicho del que nos etiquetaron para 2020, salvo declaraciones de algunos legisladores federales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), como si la autorización de tal o cual presupuesto tuviéramos que agradecérsela a ellos. En efecto, el presupuesto que le han asignado al estado de Oaxaca los últimos años, ha mostrado un crecimiento aunque modesto.
Sin embargo, la duda que siempre le queda a la ciudadanía es ¿qué es lo que se ha hecho con esos presupuestos históricos, que no se ve reflejado ni en infraestructura carretera, programas sociales o apoyos a las personas que menos tienen, entre otras? ¿En realidad qué es lo que hace el gobierno estatal o dónde destina dichos recursos que no se ven por ningún lado? En contraparte, existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto al mal uso o la falta de solventación de tales o cuales recursos ya etiquetados para determinado fin. No obstante la disposición del gobierno de Alejandro Murat para que las dependencias y entidades de la administración estatal rindan cuentas puntuales ante los mecanismos de fiscalización de los recursos que asigna la Federación, existen cuentas pendientes que comprobar.
La paradoja de todo ello es que no obstante recibir más de 100 mil millones de pesos y recursos adicionales para otros programas de parte de la Federación, se ha recurrido a empréstitos con plazos a pagar muy largos. Ello implica que las finanzas del estado no son sanas, no obstante que los responsables salgan con el argumento de que se pagaron determinados adeudos. La deuda pública de la actual administración es inédita, no obstante, se observan carencias y restricciones presupuestarias en áreas básicas del gobierno. Cada que la crítica sobre ello aflora, nos salen con que calificadoras de crédito como Moodys y otras, nos han calificado con finanzas sanas. La lógica es elemental: si hemos recurrido a préstamos tanto de la banca privada como de desarrollo, es porque nuestras finanzas están quebradas, con todo y los presupuestos históricos.
Un campo castigado
De una cosa podemos estar ciertos: al gobierno de la llamada Cuarta Transformación poco le interesa el campo mexicano y quienes viven del mismo. Al juzgar por el crecimiento inusual que tuvo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020, la Secretaría de Bienestar, bien podemos afirmar que la tendencia es el beneficio a los sectores improductivos, no precisamente vulnerables. Becas, apoyos, recursos a granel destinados a mejorar las condiciones económicas de jóvenes que ni estudian ni trabajan; adultos mayores, indígenas y otros, resultan una prioridad en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. No así los campesinos, los productores, el sector primario de la economía que genera los productos de la canasta básica y sin los cuales todo se tendría que traer de otras partes.
No fue fortuita la protesta de diversas organizaciones campesinas que antes de la aprobación del PEF-2020, se manifestaron frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, pues advertían reducciones importantes en los apoyos al agro mexicano. Esta situación de vio venir desde que el presidente anunció el otorgamiento de apoyos directos y la cuasi desaparición de programas anteriores que, pese a la crítica a los gobiernos neoliberales, tuvieron un impacto positivo entre los campesinos del país, como fueron “Alianza para el Campo” o “Procampo”, entre otros. Hace sólo unos días se dio una denuncia respecto a la distribución de semillas presuntamente mejoradas que resultaron un fiasco. Lo más grave es que el distribuidor de las mismas es justamente el hermano de una de las más altas funcionarias del actual gobierno federal.
Los recursos para el campo mexicano pues, registran recortes del orden de los 12 mil millones de pesos. Ello representa una farsa de la actual administración de apoyar a los mexicanos en situación de precariedad, pues no es lo mismo el Norte tecnificado a un Sur-Sureste con un campo deprimido y de temporal. Se esperan pues tiempos difíciles para la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otras ramas que estarán en situación de sobrevivencia económica. Es evidente la ignorancia y la sumisión de un Poder Legislativo que lejos de discutir, analizar y ponderar los rubros, no le quitó ni una coma al proyecto de presupuesto enviado por el ejecutivo. Ello implica que estamos llegando a niveles burdos y torpes de dictadura encubierta. Lo importante es que aún los sectores que aprobaron con su voto el cambio, están cada vez más convencidos de que está resultando un fraude.
